El conflicto en Gilet por unas obras de urbanización amenaza con reabrirse

El conflicto por unas obras de urbanización en la zona residencial La Paz de Gilet amenaza con reabrirse, después de más de 10 años de litigios.

La finalización de la actuación y el pago de las respectivas cuotas a cargo de los vecinos ha levantado las críticas del Partido Popular de Gilet, que ha denunciado una situación de "asedio" contra los propietarios "por la imposición de cuotas urbanísticas por parte del ayuntamiento en una zona legalmente consolidada. El equipo de gobierno, con el alcalde Salvador Costa a la cabeza, está llevando a cabo maniobras de ingeniería financiera y jurídica que suponen un ataque sistemático a la convivencia", ha asegurado el portavoz del PP, Francisco Fabuel.

Cuotas que, según el presidente de la corporación municipal, "se están abonando al ayuntamiento por parte de los vecinos sin ningún problema. Se paga de manera rigurosa y en tiempo y forma, sin que haya ningún tipo de reclamación, ni malestar, tal y como quieren trasladar desde el PP", explicaba el primer edil.

El Partido Popular de Gilet ha recordado que votó en contra en el pleno al considerar que se estaba produciendo “un grave perjuicio” a los vecinos. “Esta postura se fundamenta en que muchos de los propietarios ya tenían ejecutadas las obras por las que ahora el consistorio pretende volver a cobrarles”, ha esgrimido el portavoz.

Sin embargo, el alcalde recuerda que estos importes fueron ratificados por los vecinos en abril del 2024 a través de un acuerdo, que se selló tras la asamblea general de vecinos celebrada (comunidad de propietarios), donde mayoritariamente se votó a favor del proyecto y de la propuesta económica planteada por la administración local y la asignación de cuotas", tal y como recogen los documentos a los que ha tenido acceso este diario.

Urbanización recepcionada

El PP expone que la urbanización ya estaba recepcionada, basándose en que los propietarios adquirieron sus parcelas con escrituras libres de cargas y que las viviendas construidas cuentan con la licencia de primera ocupación en vigor”. Según el portavoz popular, “la obtención de dichas licencias no habría sido posible si la urbanización no hubiera contado con la recepción de todos los servicios necesarios, incluyendo las aceras”.

Según los populares, el núcleo del conflicto reside en que "el alcalde está exigiendo cuotas individuales en una zona que, según el BOE y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), está definida como "integralmente ejecutada" desde hace décadas. El PP califica este caso de “grave e inaudito porque se está imponiendo una carga urbanística inexistente sobre bienes privados que no son comunes”.

A este respecto, el primer edil alega que existe una sentencia que obliga al ayuntamiento a ejecutar unas obras de urbanización, auto en el que se deja claro además, que la "urbanización está incompleta", tal y como ha comprobado Levante EMV. Además, no solo exige a la administración a elaborar un proyecto y la ejecución de obra sino también una memoria económica en la que se relacionen las cuotas a pagar y la afectación de estas en cada vecino, documento que elabora el consistorio y que ratifica después la asamblea de vecinos, además del TSJ.

Irregularidades

Por otro lado, el PP de Gilet habla de "irregularidades en el procedimiento administrativo". En primer lugar, subrayan, “es un proyecto inflado: el ayuntamiento habría presionado a los vecinos con un proyecto ficticio de 6,5 millones de euros si no se aceptaba el presupuesto de los 350.000 euros que en realidad han costado las obras de pavimentación de aceras”. “Es una estrategia del PSOE para amedrentar a los ciudadanos y forzar el cobro”, critica Fabuel.

En segundo lugar, argumenta, “se está produciendo una indefensión ciudadana, ya que actualmente se está girando la cuarta cuota sin exposición pública ni periodo de alegaciones”. Y En tercer lugar, detalla, “existen contradicciones administrativas, puesto que el modus operandi del equipo de gobierno para poder llevar a cabo este proceso ha consistido en retorcer e interpretar las sentencias en beneficio propio y contradecir frontalmente las resoluciones dictadas por el propio Ayuntamiento en 2018”.

Proceso judicial

En cuanto a estos tres punto, el ayuntamiento explica, que no hay ninguna obligación de exposición pública, sino que "nos hemos ceñido a cumplir con los autos judiciales en los que respecto a la memoria económica, la comunidad de propietarios podía hacer alegaciones y así consta, pero no hay ninguna obligación de exposición pública". Por otro lado, Costa desmiente la cifra de 6 millones de euros, "nunca se ha hablado de esta cantidad, el proyecto inicial valorado por el ayuntamiento ascendía a 4.5 millones de euros, como recoge otro de los autos, presupuesto que se modificó tras un acuerdo con los propietarios", insistía Costa.

Nueva defensa

Para finalizar, PP advierte que la recién creada asociación de vecinos ya trabaja legalmente para defenderse y han comenzado una batalla legal apelando a la Sección Primera del TSJ y al Juzgado de lo Contencioso nº 10 para que paralicen esta interpretación arbitraria que ignora la seguridad jurídica básica.

Finalmente, el PP advierte que “este no es el único caso de gestión cuestionable, señalando que se está en contacto con los vecinos de la Urbanización Balcón de la Peña, cuya situación consideran aún más severa y contradictoria".

Suscríbete para seguir leyendo