Los incumplimientos de la Generalitat en Sagunt le cuestan un millón de euros

En un mismo día, la sección quinta de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha condenado a la Generalitat a pagar sendas indemnizaciones por más de un millón de euros como consecuencia de sus incumplimientos contractuales en Sagunt. El más cuantioso se corresponde con la residencia y centro de día Nuestros Hijos para personas con diversidad funcional intelectual, mientras que el otro es la vigilancia en el Castillo y el Teatro Romano.

En el primer caso, la demanda la interpuso Sturm 2000, empresa que tiene concedida desde hace más de una década la gestión integral de este servicio que se presta desde el barrio de Baladre. Ese contrato se firmó a finales de marzo de 2015 y, agotados desde enero de 2021 tanto su plazo de ejecución como las prórrogas previstas, la Conselleria de Servicios Sociales ni siquiera ha abierto a día de hoy el procedimiento para renovar las condiciones de la concesión, que lleva cinco años caducada.

En su momento, la Generalitat comunicó a la empresa que, "dado que el fin público inmediato que se satisface no es susceptible de aplazamiento o suspensión, resulta necesario que se continúe con el servicio por el periodo necesario hasta la adjudicación del nuevo expediente de contratación". La paciencia de la concesionaria se agotó en el verano de 2024, cuando elevó una serie de reclamaciones que le fueron denegadas y que dieron pie a la demanda judicial que el TSJ ha atendido.

Prórroga irregular

En la solicitud de la empresa se denunciaba la "prórroga irregular", una situación "de interinidad transitoria y ajena a las disposiciones acordadas en 2015". Y es que "el hipotético servicio sucesor, que debería haber comenzado en 2021, tendría unas condiciones económicas muy distintas", así que la Sturm 2000 "viene emprobreciéndose, al verse obligada a prestar el servicio que, en condiciones de mercado, no prestaría y que, si una administración licitara, ningún contratista concurriría".

La demanda ahondaba en esta idea al señalar concretamente las "relevantes variaciones" que se han producido desde hace más de una década en los costes laborales, que suponen cerca del 80 % del coste del servicio. En este tiempo, se aprobaron dos nuevos convenio colectivos para los centros de atención a personas con discapacidad en la Comunitat Valenciana. Frente al argumento de que un contratista se expone al principio de riesgo y ventura, desde la empresa se apunta que no se puede aplicar "cuando el contrato ha terminado y la administración fuerza la continuidad del servicio".

Informe pericial

Un informe pericial de parte sirvió de base para calcular este enriquecimiento injusto por parte de la administración autonómica en más de 850.000 euros. A esta cifra, que abarca desde febrero de 2021 hasta noviembre de 2024, habrá que sumar las mensualidades acumuladas desde entonces y hasta la regularización del contrato, con el añadido de los intereses desde el día que la sentencia adquiera firmeza. La última puntilla son los 3.500 euros que la Generalitat tiene que asumir por las costas procesales.

La otra empresa a la que el TSJ ha dado razón en su reclamación de casi 150.000 euros a la administración autonómica es Seguridad Integral Secoex, que solicitó el pago de nueve facturas no abonadas por el servicio de vigilancia que prestaba en el Teatro Romano y el Castillo de Sagunt. Pese a que la Generalitat desestimó la petición, su resistencia se diluyó en sede judicial, donde su representación legal no cuestionó el contrato, los suministros ni las liquidaciones esgrimidas por la parte demandante.

Intereses

Además de aceptar los argumentos de la empresa, la sala del TSJ presidida por Fernando Nieto Marín cargó a la administración unas costas procesales de 1.400 euros y reconoció a Secoex el derecho a reclamar los intereses por cada una de las nueve facturas, desde el momento de su presentación en el registro hasta la fecha de su abono.

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