Las viviendas cooperativas ganan adeptos en Sagunt

Compromís se ha reunido con la cooperativa Palància Cohabitatge para conocer de primera mano su proyecto. Se trata de una alternativa habitacional a la compra y alquiler de vivienda con el objetivo de "vivir de una manera solidaria, sostenible y en compañía". La formación valencianista respalda esta iniciativa para hacer frente a la crisis por el aumento de los precios del mercado inmobiliario.

Acceso a la vivienda

La portavoz municipal, Maria Josep Picó, señala que "el acceso a una vivienda digna es una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad" y destaca que el crecimiento poblacional del municipio, vinculado en gran parte al desarrollo de Parc Sagunt II, refuerza "la necesidad de impulsar políticas valientes en defensa del derecho de la ciudadanía a la vivienda".

En este sentido, Picó pone en valor el proyecto impulsado por la cooperativa Palància Cohabitatge, que está "comprometido con la inclusión social, la sostenibilidad ecológica, la autogestión colectiva y una forma de vida compartida que combate el individualismo y la exclusión".

Agenda 2030

Además, la concejala de Compromís subraya que se trata de "una propuesta con mucho recorrido y trabajo de años detrás, alineada con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, como el fin de la pobreza, la salud y el bienestar, la igualdad de género y el acceso a una energía asequible y no contaminante", ya que es autosuficiente energéticamente.

Marco legal

La Ley 3/2023 de viviendas cooperativas, según recuerda la formación valencianista, regula las obligaciones que las cooperativas en régimen de cesión de uso deben cumplir. Entre ellas destacan el mantenimiento de la titularidad colectiva del suelo y las edificaciones, sin división horizontal; el establecimiento de un régimen de cuotas no retornables, destinadas a sufragar el coste de construcción o adquisición; la disposición de un fondo de reserva, para garantizar la sostenibilidad económica del proyecto; así como la inclusión de un mínimo del 15 % de las viviendas para colectivos con necesidades especiales, como mayores, personas con discapacidad, víctimas de violencia, etc.

"Como explican en su propuesta, este modelo combina seguridad de uso a largo plazo, estabilidad financiera, control democrático y valores colectivos, contribuyendo al derecho a la vivienda definida en la Constitución Española y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, concluye Picó.

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