Primeras críticas en Sagunt por la atención a la regularización de inmigrantes
El PP afirma que la falta de planificación ha provocado la "saturación" de los servicios municipales

Imagen de archivo de una cola en la Tenencia de Alcaldía del Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

El proceso extraordinario de regularización de migrantes provocó ayer casi 300 atenciones en el Servicio de Atención Ciudadana de Sagunt (SAIC), pero el modo en que se ha preparado el consistorio para el aluvión de consultas ha provocado las primeras críticas, pese a que el Ayuntamiento de Sagunt asegure haber puesto refuerzos. El portavoz municipal del PP, Ximo Catalán, ha denunciado la "falta de planificación y recursos" destinados a esta cuestión por el gobierno local liderado por Darío Moreno, lo que a su juicio ha provocado "saturación en los servicios municipales, largas colas y perjuicios directos a los vecinos y las vecinas".
Entre las primeras consecuencias de este proceso impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez que ven "masivo", los populares lamentan que toda la presión "se haya trasladado a los ayuntamientos" sin ayuda estatal y con el conjunto de la ciudadanía como la gran afectada.
Horas de espera
"Mucha gente ha tenido que esperar durante horas para realizar los trámites. Esta situación se ha trasladado a otros servicios", que han empeorado porque "los funcionarios están completamente desbordados y los vecinos y las vecinas desatendidos por una decisión tomada sin planificación, sin información clara y sin recursos", insiste Catalán.
La incapacidad de la administración local de dar respuesta a los requerimientos de la ciudadanía "en tiempo y forma" es una muestra, según el PP, del "deterioro de la atención a los vecinos y las vecinas". Este "problema real en la gestión diaria", según lo califica el portavoz popular, genera "servicios tensionados, expedientes acumulándose y aumento de la carga administrativa" frente a los que "no se puede mirar hacia otro lado".
Sin diálogo
Los populares también dirigen su crítica al Gobierno por impulsar esta regularización "sin diálogo, ni previsión y al margen de las comunidades autónomas", a través de "un decreto irresponsable que responde a intereses políticos", según Catalán.
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