El bloqueo a un metanero en el puerto de Sagunt se salda con una primera multa de 100.000 euros
La Audiencia Nacional ratifica la sanción impuesta a la propietaria y al capitán del barco Esperanza, que fondeó durante ocho horas a 300 metros de la planta regasificadora en una "protesta pacífica"

Vídeo y foto: Greenpeace

La protesta en el puerto de Sagunt contra los "efectos perniciosos del gas para el medio ambiente" le ha salido cara a Greenpeace. Fue una mañana de hace casi 5 años cuando el buque Esperanza fondeó en el interior de la dársena sur, a unos 300 metros de la terminal de la planta regasificadora, con el objetivo de entorpecer las maniobras del metanero Merchant, que tuvo que cancelar la maniobra y regresar a zona de fondeo.
La Capitanía Marítima emitió una serie de órdenes, que no fueron atendidas por el patrón del Esperanza, Sergiy Demydov, así que, después de ocho horas, la Guardia Civil realizó el abordaje por orden judicial. El corte de las cadenas de las dos anclas de la embarcación de Greenpeace, junto con su posterior rescate, y su remolque hasta el dique de Levante, donde permaneció retenido durante dos semanas, dieron paso a la detención del patrón, quien quedó en libertad sin cargos, y a la apertura de hasta tres procedimientos, dos sancionadores y otro penal.

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LMV
Uno de los primeros fue impulsado por la secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que, casi un año después de los hechos, impuso una multa de 100.000 euros tanto a la empresa propietaria del buque, Stichting Phoenix, como a Demydov por "estorbar o impedir el tránsito y maniobras de otros buques en el puerto de Sagunt el 26 de octubre de 2021".
Multa desproporcionada
Frente a esta resolución, los afectados presentaron un recurso en el que alegaban que no se podían seguir tres vías para juzgar los mismos hechos, que no existía constancia de que el fondeo del Esperanza para una "protesta pacífica" hubiera limitado el libre tránsito o impidiese el acceso al puerto y que la cuantía de la multa era desproporcionada con el fin de disuadir la realización de acciones de este tipo al amparo de la libertad de expresión y manifestación.
La Audiencia Nacional, que acaba por ratificar la multa, empieza por aclarar que los otros dos procedimientos son diferentes, ya que uno se incoó por el incumplimiento de las órdenes de la Capitanía Marítima y el penal responde a la desobediencia a la Guardia Civil. Según defiende la sentencia, que ya ha sido recurrida en casación, el propietario del buque conocía la intención y la voluntad de impedir las maniobras del metanero Merchant.
Tráfico marítimo
Pese a que Greenpeace sostiene que su protesta no afectó al libre tránsito en el puerto de Sagunt, el tribunal precisa que para cometer la infracción "no es necesario un bloqueo total o dificultar el acceso a un número determinado de buques, siendo suficiente con que afecte al normal tráfico marítimo por fondear en un lugar inadecuado, supuesto que aconteció en este caso".
Por lo que respecta a la cuantía de la sanción, la Audiencia Nacional avala las motivaciones de la secretaría de Estado, teniendo en cuenta que estas infracciones pueden multarse con hasta 300.000 euros. La imposición de los 100.000 euros responde a "la intencionalidad de los autores, la relevancia externa de la conducta y los perjuicios ocasionados a terceros, que vieron su normal tráfico interrumpido, y a la administración marítima, que se vio obligada a realizar las tareas necesarias para remover al buque del lugar".
Seguridad portuaria
Sobre los derechos de expresión y manifestación invocados por Greenpeace, la sentencia apunta que los activistas "no se limitaron a efectuar una protesta en un lugar público sin afectar a terceros, sino que obstaculizaron el tránsito de un buque metanero poniendo en riesgo la seguridad portuaria y del propio barco, por lo que la multa es acorde con la gravedad de la conducta".
Otros dos procedimientos
Mientras se acaba de resolver esta primera causa, el segundo procedimiento contencioso-administrativo por estos mismos hechos se tramita en el TSJ y sigue pendiente de sentencia. En cuanto al proceso penal, desde Greenpeace confirman que ya tiene fijada la celebración del juicio a la vuelta del verano, cuando pasarán por el banquillo 11 activistas, incluido el capitán del Esperanza.
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