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Exigen a Sagunt un "papel activo" frente a las plantas fotovoltaicas

La plataforma pel territori afea al ayuntamiento que diera publicidad a un "deficiente" plan de participación pública del proyecto de Renovalia

El gobierno municipal recuerda que no tiene competencias en esta materia

Instalación de una planta fotovoltaica de Renovalia.

Instalación de una planta fotovoltaica de Renovalia. / Levante-EMV

Rafa Herrero

Rafa Herrero

Sagunt

La Plataforma en Defensa del Territori del Camp de Morvedre está muy pendiente de la tramitación impulsada desde Renovalia para construir en la comarca una megaplanta fotovoltaica de más de 2 kilómetros cuadrados. Después de superar un primer proceso de participación pública, al que la empresa dio publicidad a través del Ayuntamiento de Sagunt, desde el colectivo acusan al consistorio de falta de transparencia y atención, después de "impulsar el procedimiento sin garantizar el acceso efectivo a la información ambiental, incumpliendo la legislación vigente".

La plataforma recuerda que este proyecto, que afecta a la zona del Cami Vell de Terol, además de Alfara de la Baronia, Albalat dels Tarongers y Gilet, es heredero de las plantas Morvedre 6, 7 y 8, que ya fueron objeto de "denuncia pública". En esta nueva tramitación, la documentación aportada es "nula, sin ninguna memoria ni estudio de los legalmente exigidos", mientras el ayuntamiento "no lo ha parado".

Falta de respuesta

Además, este colectivo lamenta la "falta de respuesta adecuada a los recursos presentados por la ciudadanía", pese a que, "como administración competente en estos trámites, tiene la obligación legal de responder de manera expresa, motivada y ajustada a derecho".

Zona donde está prevista instalar el parque fotovoltaico.

Zona donde está prevista instalar el parque fotovoltaico. / Daniel Tortajada

Renovalia tampoco se libra de las críticas, al ser una empresa que "ya ha demostrado en el municipio de Sagunto su mala fe", en referencia a que, "en procesos anteriores, llegó a ocultar a la Generalitat hasta cinco informes municipales desfavorables sobre esta macroplanta fotovoltaica, hecho de extrema gravedad", que ahonda en la "preocupación" de la plataforma. Así, este colectivo exige al ayuntamiento que "asuma su papel activo en la defensa del interés general y el territorio".

Sin competencias

Frente a estas acusaciones, desde el gobierno local han querido matizar que "el ayuntamiento no es la administración competente en la tramitación de este proyecto, por lo que no puede resolver alegaciones ni exigir la subsanación del plan de participación. Su única función es publicitar en el tablón de anuncios la documentación recibida". Añaden estas mismas fuentes que "la publicación en la web es una gestión automática en este y otros casos, donde entidades o administraciones necesitan dar visibilidad a un expediente que guarda relación con el municipio".

Un detalle al que desde la plataforma se da especial relevancia es que la documentación estaba encabezada por membretes del ayuntamiento, pero desde el gobierno aclaran que "solo forman parte de la plantilla con la que se sube al tablón de anuncios, no quieren decir que sea una información municipal ni que se dé el trámite por válido".

Dudas

Sobre las deficiencias que presenta el plan de participación pública, estas fuentes insisten en que "la responsabilidad es de la administración competente, que es la Generalitat". En cualquier caso y frente a las "dudas que genera este proyecto entre algunos interesados", el Ayuntamiento de Sagunt está trasladando, "fuera del cauce oficial", a los responsables de Renovalia las alegaciones recibidas.

Más allá de estas explicaciones, desde la Plataforma en Defensa del Territori del Camp de Morvedre reiteran su exigencia de que exista "transparencia total en todos los procedimientos administrativos vinculados a estos proyectos; acceso completo y efectivo a toda la documentación técnica y ambiental; respeto a los derechos de participación de la ciudadanía y respuestas motivadas a los recursos presentados".

Transición energética

Como broche a sus reivindicaciones, este colectivo señala que "la transición energética no puede hacerse a cualquier precio, ni al margen de la legalidad, la transparencia y la participación ciudadana. El respeto al territorio y a los derechos de la población tiene que ser una prioridad innegociable".

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