Nuevo revés a la anhelada apertura del puerto de Sagunt a la ciudadanía

Hasta octubre de 2028. Esa es la nueva fecha marcada por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) para desalojar al principal ocupante del espacio comprometido para abrir el puerto de Sagunt a la ciudadanía. En un movimiento del que el ayuntamiento no tiene constancia, el organismo presidido por Mar Chao prorrogó hace unos meses la autorización administrativa de Portuaria Levantina (Porlesa) para que siga con su actividad de almacenamiento y manipulación de mercancías otros tres años en este dominio público de cerca de 19.100 metros cuadrados.

Esta empresa, constituida a finales de 1991 y con contrato para la gestión indirecta del servicio de estiba desde unos meses después, es titular desde marzo de 2007 de la concesión sobre este suelo en el muelle norte de la dársena 1, que dispone de una nave de más de 4.000 metros cuadrados, así como de dos grúas móviles. El acuerdo para explotar este espacio se remonta a abril de 2000, cuando la APV otorgó los derechos por 15 años a Marítima del Mediterráneo (Marmedsa), que un par de ejercicios después se los transmitió a Terminal Marítima Sagunto (TMS), que a su vez fue absorbida por Porlesa.

Primera prórroga

Este movimiento dio pie a una primera prórroga que alargaba la concesión hasta octubre de 2022, aunque, para completar este complejo rompecabezas, Bergé Marítima pasó a prestar en 2017 el servicio en esta zona, al extinguirse la licencia de Porlesa para la carga, estiba, desestiba, descarga y transbordo de mercancías en el puerto de Sagunt.

Ya en esa época se arrastraban años de reclamaciones desde Sagunt para que puerto de la capital del Camp de Morvedre no perpetuara la anormalidad que supone el blindaje de todas las instalaciones al disfrute ciudadano. Pese a que ya había compromisos escritos por parte de la entidad todavía presidida en aquel entonces por Aurelio Martínez, Valenciaport prorrogó hasta octubre de 2025 la ocupación de este espacio.

Tiempo

Quien era director general de la APV, Francesc Sánchez, justificó ese movimiento en que la integración puerto-ciudad todavía no tenía proyectos redactados y también estaba pendiente de modificaciones "que llevan su tiempo". En esta postura coincidía el ya alcalde, Darío Moreno, al señalar que "hasta que vayan a iniciarse las obras, no vamos a solicitar que -Porlesa- cese su actividad", al justificar que la estibadora "tiene carga de trabajo y una veintena de personas empleadas".

Un detalle que desde el ayuntamiento valoraron positivamente fue que no se tratara de una concesión, cuya vigencia es más larga, sino de una autorización con un plazo máximo de tres años, que la APV tiene capacidad de acortar si surge la necesidad de ocupar ese espacio. Añadía Moreno en su interpretación de aquella prórroga que, en ese tiempo, Valenciaport debía "buscar la relocalización -de Porlesa- para asegurar su continuidad y liberar el muelle norte".

Sin avances

Sin embargo, pasado ese plazo, la institución portuaria ha vuelto a utilizar el mismo mecanismo y justificaciones similares para prolongar hasta octubre de 2028 el título de explotación de estos 19.100 metros cuadrados. Mientras, no hay constancia de que se haya avanzado en el proyecto de obras para la integración puerto-ciudad, más allá de un concurso de ideas que no convenció al ayuntamiento, ni se han anunciado avances en la intención de trasladar a otro emplazamiento las actividades que todavía se desarrollan en el muelle norte.

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