La plantilla de la residencia de Sagunt recogió firmas sin éxito para demandar seguridad ante las agresiones

Parte de la plantilla de la residencia de Sagunt donde CC OO ha denunciado "agresiones físicas, psicológicas y sexuales" por parte de algunos usuarios a trabajadores recogió hace unas semanas un total de 43 firmas para pedir la contratación de personal de seguridad capaz de disuadir y evitar comportamientos violentos.

Lo hizo en un escrito presentado el 27 de mayo a la dirección del centro donde denunciaba lo que luego aireó públicamente el sindicato: una situación de inseguridad laboral que calificaba de "insostenible" donde la plantilla viene desempeñando su trabajo "en un contexto de violencia laboral reiterada que ya ha sido denunciado ante la Inspección de Trabajo", donde "el personal sufre agresiones físicas y de índole sexual de forma habitual, sin que las medidas preventivas actuales hayan demostrado ninguna eficacia para evitarlas".

En él se aludía además a la agresión "violenta" sufrida por una trabajadora el pasado 12 de mayo y, al igual que ha hecho luego CC OO, sostenía que ésta que "no constituye un hecho aislado, sino la confirmación de que el centro carece de los medios organizativos y de seguridad necesarios para manejar el perfil de los usuarios actuales, especialmente en unidades críticas" como la de trastornos conductales o la de enfermos mentales.

Obligaciones de garantizar la seguridad

En el escrito, se recordaba que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales "reconoce el derecho de los trabajadores a una protección eficaz frente a los riesgos derivados de su actividad profesional", se subrayaba que corresponde a la empresa garantizar esa seguridad y se apelaba a las obligaciones recogidas en el convenio colectivo del sector en materia de protección de los trabajadores.

Los firmantes describía además "un estado de temor, ansiedad y miedo generalizado en la plantilla" ante el temor a nuevas agresiones o episodios violentos, tal y como luego está sosteniendo CC OO.

Ante esto, solicitaron la presencia permanente de personal de seguridad profesional durante las 24 horas del día para "disuadir conductas violentas y actuar de forma preventiva ante conatos de agresión". También reclamaban una revisión urgente de la evaluación de riesgos laborales y de los ratios de personal, al considerar que "la actual falta de personal impide responder con seguridad a estas situaciones" y pedían "la implementación de protocolos reales y efectivos de actuación frente a agresiones y acoso, de los que sea informada toda la plantilla".

"Posible daño de la imagen"

Aunque concluían "esperando una respuesta y una actuación inmediata", la reacción no fue la esperada pues, siempre según explican desde CC OO, "la dirección descartó poner seguridad, durante una conversación con la presidenta del comité, alegando a un posible daño de la imagen del centro".

Tras ello, llegó la denuncia pública de CC OO y el posterior comunicado de parte de la plantilla desmarcándose de lo expuesto por el sindicato y las acciones anunciadas.

Aún así, desde la Unión Comarcal subrayan esa petición previa a la dirección "por el canal interno" que "no sirvió de nada". "Fueron 43 rúbricas de una plantilla de 105 personas. Es una cantidad de firmas significativa. Que 43 personas te estén diciendo que van a trabajar con miedo por problemas que hay que solucionar de manera urgente no es ninguna tontería", dicen considerando que contratar una persona de seguridad contribuiría a evitar tensiones, "como ya se ha visto con éxito en centros de salud", apuntan mientras desde la dirección de la residencia se sigue sin contestar a las llamadas de este diario.

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