Una prórroga de ocho meses da un respiro a Sagunt con las millonarias ayudas europeas
Iniciativa Porteña denuncia la "negligencia" del gobierno local en el impulso de las obras y alerta del riesgo de perder una subvención de 7,5 millones de euros

Imagen reciente de las obras en el barrio de Baladre. / Daniel Tortajada

El Ayuntamiento de Sagunt ha logrado 'in extremis' una prórroga de ocho meses para acabar las obras más importantes de este mandato. La fecha de caducidad de las ayudas europeas para desarrollar esta largamente reclamada intervención estaba establecida para dentro de menos de dos semanas, el 30 de junio, pero la comisión de seguimiento de este programa de subvenciones, que conforman representantes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Generalitat y el consistorio, acordó hace unos días ampliar este plazo hasta el 31 de marzo de 2027, según ha podido saber Levante-EMV.
Fuentes municipales confirman esta prórroga después de la "preocupación" mostrada desde Iniciativa Porteña por el "alto riesgo de perder casi 7,5 millones de euros de fondos europeos", que están comprometidos con la reurbanización y la rehabilitación del barrio de Baladre. Su concejal, Manuel González, considera la situación en la que se encuentra el proyecto una "auténtica temeridad política y de gestión", de la que responsabiliza al gobierno dirigido por Darío Moreno.
Los segregacionistas hacen un repaso sobre los pasos administrativos de esta actuación, desde que en diciembre de 2022 se concedió formalmente la subvención con fondos Next Generation hasta que en la última junta de gobierno de Sagunt del pasado mes de mayo se solicitó la prórroga. "El ayuntamiento estuvo casi tres años sesteando en los despachos desde que se confirmaron las ayudas hasta que se iniciaron las obras, una lentitud negligente", que González achaca a "una planificación ridícula, ficticia e inviable".
Retrasos "flagrantes"
Pero las consecuencias de estos "flagrantes retrasos", insiste el edil de IP, no son solo temporales, sino también económicas, ya que "el coste para el ayuntamiento se ha incrementado desde los 940.000 euros iniciales a los casi 2,4 millones, un 250 % más, una auténtica barbaridad". Y todavía hay más, según el exportavoz segregacionista, porque este encarecimiento no ha evitado que "se recortara el proyecto al dejar fuera tres plazas" de Baladre.

Daniel Tortajada
González considera el hecho de que el gobierno local pretenda que las empresas adjudicatarias rehabiliten más de 30 bloques de viviendas y reurbanicen varias plazas en cinco meses, en referencia al plazo original, como "una tomadura de pelo a los vecinos y un insulto a la gestión pública". Al edil le llema especialmente la atención que el alcalde "aseguraba hasta hace cuatro semanas que las obras iban a acabar en tiempo y forma. Se demuestra que estaba mintiendo".
Falta de andamios
Sobre los motivos alegados para obtener la prórroga, la información que maneja IP señala unos recientes cambios legales en el Plan Estatal de la Vivienda y otras "excusas" como la falta de andamios en el mercado o el hallazgo de unos colectores anómalos. González explica que "los imprevistos técnicos ocurren en todas las obras, pero si hubieran empezado a trabajar en 2023 o 2024 en lugar de esperar a enero de 2026, hoy el proyecto Barrio Baladre I estaría completamente renovado y el dinero europeo a buen recaudo".
Según el acuerdo para ampliar los plazos, la demora está causada por la instalación de los ascensores, que requirió un modificado del proyecto y se vio lastrada por la "inexistencia de subcontratistas para asumir estos trabajos"; el suministro de andamios; así como "retrasos derivados de los procesos de licitación y contratación".
Transparencia
Además de exigir al gobierno local "la máxima transparencia", IP desvela el informe municipal que revela un "panorama desolador" en Baladre, con una docena de edificios y todas las plazas en las que no se ha iniciado ninguna actuación.
Bolsillo ciudadano
González insiste en que, "si las empresas no cumplen el nuevo calendario, cada euro de fondos europeos que se pierda lo van a tener que pagar los ciudadanos del municipio de su bolsillo", ya que los contratos están adjudicados y firmados. En ese escenario, el ayuntamiento tendría que "recortar otras partidas o pedir préstamos para asumir millones de euros en facturas", alerta Manuel González.
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