Antifraude detecta malas prácticas en la gestión del polémico semáforo de Canet aunque archiva la denuncia

La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha archivado la denuncia por presuntas irregularidades en el expediente de contratación menor del servicio del polémico semáforo foto-rojo colocado en una calle de la playa de Canet d'en Berenguer sin previo aviso al vecindario, lo que acabó provocando numerosas multas y una movilización cívica sin precedentes en protesta a las sanciones de 200 euros y cuatro puntos del carné de conducir. Según se anota en el informe de la AVAF, al que ha tenido acceso Levante-EMV, "no constan elementos de juicio suficientes que aconsejen el inicio de una actuación investigadora", se recoge en el expediente iniciado tras una queja de Vox.

Sin embargo, Antifraude deja claro que ha habido "malas prácticas" en todo el procedimiento tanto en la adjudicación, como en la ejecución y liquidación del contrato de este sistema de control semafórico con detección de velocidad e infracciones. Habla de una "gestión administrativa manifestamente ineficiente" y utiliza frases para describirla como "insuficiente diligencia en la gestión administrativa y recaudatoria con el riesgo de la pérdida de ingresos públicos", poniendo en duda la eficacia en la tramitación y recaudación.

Contratación

La agencia empieza analizando el procedimiento de contratación y aunque asegura que está dentro de los "parámetros legales", señala que ha habido "incidencias en la preparación y adjudicación" y recomienda que aunque se traten de contratos menores, como en este caso, "se incorporen al menos tres presupuestos u ofertas de distintos proveedores", aspecto que no se ha contemplado. Pero donde principalmente encuentra "irregularidades" es en la ejecución y liquidación.

Entre los datos aportados por el ayuntamiento a Antifraude aparecen que las denuncias recibidas a causa del semáforo son 2.730, que el importe de las sanciones son 548.000 euros y la cantidad a facturar por la empresa, 109.008 euros (cantidad que surge de multiplicar 2.730 x 39.93 euros, que es el importe unitario por multa que cobra la firma, pero que se presenta como "un cálculo provisional al estar vinculado a la efectiva recaudación de las sanciones" ). Datos que se recogen en el contrato en el que se dice que el "límite máximo a facturar al ayuntamiento es de 15.000 euros (sin IVA), mientras que según las denuncias recibidas, lo que recaudaría la empresa supera con creces lo estipulado en el mismo. Así lo dice la agencia: "si en el criterio de adjudicación se pone que el límite máximo a facturar al ayuntamiento es de 15.000 euros , no se entiende cómo si la totalidad de las evidencias generan una liquidación económica a favor de la empresa como se justifica de 109.408.90 euros, quedaría evidenciada la utilización fraudulenta del contrato menor encubriéndose una prestación que supera casi en diez veces el umbral máximo de 15.000 euros. Pero si el ayuntamiento no procede a incoar la totalidad de los expedientes estaría provocando un perjuicio directo a las arcas municipales. Riesgo directo para los intereses económicos municipales". Las 2.730 evidencias por 200 euros multa hacen un total de 546.000 euros frente a una recaudación actual de la administración local de 43.400 euros, explica el documento de Antifraude.

No salen las cuentas

Sin embargo, mientras estas son las denuncias recibidas, en la documentación aportada por el ayuntamiento e investigada por la AVAF se aclara que los expedientes incoados son 1.401; lo que supone un importe de sanciones 280.200 euros y una cantidad a facturar por la empresa 55.941 euros, también superior a lo estipulado en la adjudicación. Por último, se matiza que finalmente, las sanciones recaudadas han sido de 413; el importe por sanciones de 43.400 y la cantidad a facturar por la empresa 16.491, lo que estaría dentro del contrato.

Pero la realidad es que la empresa ya ha cobrado una factura 8.744 euros y la otra pendiente de cobrar de 8.624 euros, que proceden de las 413 multas tramitadas, que hacen un total de 17.368 euros que, dividido por los 39.93 que debe cobrar la empresa por sanción, sale un total de 435 evidencias facturadas, que discrepan de los 413 expedientes tramitados que anota el consistorio, una diferencia de 22 que parece haber cobrado de más la empresa a tenor de lo que dice el informe de Antifraude, de ahí que insista en una "tramitación deficiente y un evidente riesgo en la gestión económica pública", además de que si solo se procede al pago de las sanciones recaudadas, la viabilidad económica queda condicionada al buen fin de la tramitación", dejando claro que "ha habido una deficiente planificación contractual y una inadecuada delimitación del riesgo asumido".

Más irregularidades

También llama la atención sobre una "interrupción en la prestación del servicio", ya que no aparecen infracciones posteriores al 22 de abril de 2025, cuando el semáforo estaba en marcha todavía, momento en el que coincide con las manifestaciones vecinales en contra de la medida.

Por otro lado, habla de "incumplimiento en la facturación mensual prevista" en la memoria, "solo hay dos" por lo que la ejecución del contrato no se ajusta a lo que se anota en la documentación contractual.

Por último, el ayuntamiento, que ha colaborado en todo la fase de investigación, reconoce incidencias en materia de preinscripción de expedientes que atribuye a problemas informáticos de la empresa coordinadora de la gestión de ingresos. Sin embargo, la agencia le recrimina al ayuntamiento que no haya dado suficiente información sobre las causas de preinscripción, qué expedientes siguen en trámites y las medias correctoras que se han puesto para evitar la pérdida de expedientes sancionadores.

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