Otra sentencia declara ilegal una piscina privada en Canet y la aboca al derribo

Una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana deja contra las cuerdas una controvertida piscina privada en el núcleo de la playa de Canet d'en Berenguer. Después de que varios pronunciamientos judiciales ya hubieran decretado la ilegalidad de su construcción, al levantarse sobre una manzana en la que ya estaba agotada la edificabilidad, sus promotores no han desistido en sus intentos de regularizar las obras por esta vía, donde apenas les queda la posibilidad de un recurso de casación con pocos visos de prosperar.

Pese a que el ayuntamiento en primera instancia y posteriormente la empresa promotora de la instalación acuática defendieron la legalidad de la actuación, todos los tribunales que se han pronunciado coinciden en anular la licencia de obras para la conocida como 'piscina del cantó', concedida en mayo de 2014 con Leandro Benito (PP) como alcalde. Los trabajos, que incluían la construcción de locales comerciales y un centro social en los bajos, se dieron por finalizados en febrero de 2015 y la declaración de obra nueva terminada se obtuvo en junio de 2016.

Varios escritos

La oposición a este proyecto partió de un grupo de vecinos, que en los meses posteriores a la concesión de la licencia remitieron varios escritos al ayuntamiento en los que denunciaban incumplimientos del proyecto en la distancia a lindes o la superficie de parcela mínima edificable, además del agotamiento de la edificabilidad en la manzana. Este último motivo fue suficiente para decretar la nulidad del permiso de obras, sin necesidad de entrar en el resto de consideraciones.

Según señalaron desde el gobierno local de aquella época, personal municipal fue el que ratificó la legalidad de la licencia en varios informes técnicos y jurídicos. En 2018 llegó el primer varapalo judicial contra este edificio en la intersección de las calles Mare Nostrum y Jaume I, que en 2020 quedó ratificado en un procedimiento en el que, pese a ser emplazada a hacerlo, la empresa promotora no se personó y dejó solo al ayuntamiento.

Nuevo contencioso

Pero lejos de asumir la realidad judicial, la promotora volvió a recurrir a los tribunales para intentar validar la licencia de obra original, una pretensión que fue rechazada a finales de verano de 2024 por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de València, un pronunciamiento ratificado recientemente por el TSJ. Ambos consideran que es de aplicación el efecto positivo de la cosa juzgada material, ya que la reclamación de la empresa de que la edificabilidad de la manzana no estaba agotada ya había quedado resuelta en el anterior procedimiento, que era "firme e inatacable".

En todo este recorrido, el informe sobre el que se han basado los jueces lo redactó un perito designado por el tribunal, que concluyó que "la edificabilidad de la manzana estaba consumida con anterioridad y, en consecuencia, no podría ya concederse una nueva licencia de obras para la misma, de manera que no sería conforme a derecho la en su momento otorgada y debería haber prosperado la solicitud de declaración de nulidad de la misma".

Sin alternativa

Tras la última sentencia y a falta de saber si un recurso final prolongará unos meses más esta agonía, el edificio está abocado al derribo, pese a que para el gobierno dirigido por Pere Antoni era "la última opción". En alguno de los debates plenarios o incluso una audiencia pública convocada en torno a este tema, el alcalde invitaba a la empresa a negociar una solución con los demandantes, al no ser posible otras soluciones que se plantearon, como una transferencia de aprovechamiento urbanístico o una modificación del planeamiento.

Suscríbete para seguir leyendo