Sagunt lucha hasta la "temeridad" por su frontera con Puçol

El Ayuntamiento de Sagunt ha salido mal parado del pulso mantenido durante los últimos años con el consistorio de Puçol y una constructora que levantó un chalé en la urbanización Los Monasterios, concretamente en una parcela que se encuentra entre ambos términos municipales.

Precisamente, los lindes entre estas localidades fueron uno de los puntos centrales de la controversia, ya que, más allá de las teorías a cada lado de los límites establecidos, los organismos oficiales tampoco se ponen de acuerdo. Por una parte, el Registro de la Propiedad recoge que estos terrenos son compartidos con 911 metros cuadrados en la capital del Camp de Morvedre y 165 en l'Horta Nord, al igual que el Registro Central de Cartografía. Por contra, el Catastro tiene registrado que todo el solar pertenece a Puçol, donde su propietario abona los tributos locales, incluido el impuesto de bienes inmuebles (IBI).

En este contexto, el promotor de una vivienda unifamiliar en este espacio preguntó cómo debía gestionar el expediente y le aclararon, desde l'Horta, que ambos ayuntamientos habían llegado al acuerdo de tramitar una sola licencia en las parcelas compartidas, previa notificación entre administraciones. Así, el permiso de obra se concedió en octubre de 2018 y la constructora abonó algo más de 5.500 euros por el impuesto de construcciones, dentro de la aparente normalidad del procedimiento.

Conflicto

El conflicto estalló en octubre de 2019, cuando el Ayuntamiento de Sagunt incoó un expediente de restablecimiento de la legalidad, que ya a principios de 2020 desembocó en una orden de demolición de las obras consideradas ilegales, con el apercibimiento de la ejecución subsidiaria por un coste estimado por encima de los 45.000 euros. Esta resolución también exigía la paralización de las obras, todavía en marcha, que recaían en su término municipal.

Al comprobar que la construcción seguía, el consistorio tramitó otro procedimiento por una infracción urbanística grave, contra la empresa y el director de obra, en el que proponía una multa por encima de los 40.000 euros. Los argumentos desde Sagunt en defensa de sus competencias eran la falta de amparo de una licencia de obra en la parte de su territorio, así como un exceso de volumetría respecto al Plan Parcial de Los Monasterios, de ahí que declarara la intervención como "no legalizable".

Más allá de una sentencia, posteriormente revocada, que rechazó el recurso de la constructora contra la sanción por no acreditar la representatividad procesal, el resto de pronunciamientos judiciales ha coincidido en la falta de pruebas para afirmar que la obra careciera de licencia o fuera ilegal.

Antigua controversia

Una de las más contundentes la emitió la sección primera de la sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, que acusó al Ayuntamiento de Sagunt de querer resolver una "antigua controversia" con Puçol sobre esta urbanización, "creando un conflicto con una empresa que nada tiene que ver", en referencia a la constructora que levantó el chalé.

Además de hacer constar que la capital comarcal nunca había girado el IBI o el resto de tributos locales sobre esta parcela, la sentencia refleja el intento de Sagunt, posterior al estallido de este conflicto, para que el Catastro modificara sus registros y reconociera que una parte de la controvertida parcela está en su término municipal. La gerencia regional se negó bajo el argumento de que los terrenos solo tienen acceso desde Puçol, que es también el encargado de la prestación de los servicios de agua, luz y recogida de basura.

Así, el fallo señala que "el Registro de la Propiedad solo da fe de la existencia de los derechos inscritos, no de los lindes ni de la superficie de una parcela. Por tanto, sobre estos aspectos prevalece el Catastro". Además de dar la razón a la constructora, esta resolución imponía al ayuntamiento de la capital comarcal el pago de un máximo de 1.400 euros por las costas procesales.

Diferencias entre ayuntamientos

El TSJ emitió la segunda sentencia contraria a los intereses de Sagunt unos meses después, cuando insistió en que el consistorio del Camp de Morvedre "no puede hacer recaer sobre los ciudadanos sus diferencias con el Ayuntamiento de Puçol". Este dictamen también iba acompañado de otros 1.400 euros por los gastos judiciales.

Lejos de conformarse con estos pronunciamientos, la capital comarcal recurrió el Tribunal Supremo, donde obtuvo la pequeña victoria de que se reconociera el interés casacional de la discordia y se procediera a revisar los argumentos municipales. En ese punto, la sentencia emitida hace unas semanas no solo rechazó el recurso, sino que impuso a Sagunt unos gastos procesales de un máximo de 4.000 euros al apreciar "temeridad" en la actuación procesal del consistorio.

Improcedencia

El alto tribunal explica que "ha reiterado unas mismas cuestiones en las dos instancias previas, cuando ya tuvieron un certero, razonable y fundado argumento sobre la improcedencia de su actuación objeto de impugnación, sin que, en cada una de las instancias y esta casación, haya aducido más motivos que los que ya constaban en la resolución original. Se añade el hecho de que la defensa municipal nunca ha considerado el hecho de que la edificación cuya demolición se acuerda estaba amparada en una licencia que había adquirido firmeza, limitándose a una mera declaración de su nulidad con base a una delimitación de los términos municipales que nunca fue aceptada por el municipio colindante".

Acusa este fallo al Ayuntamiento de Sagunt de aplicar un "exceso de competencia" al querer imponer "su taxativa decisión" sobre los lindes de ambos términos municipales, sobre los que "existen dudas". El Supremo afea al consistorio que optara por declarar la licencia de obra concedida por Puçol como nula de pleno derecho, algo para lo que "no tiene potestad". El cauce correcto hubiera sido pedir al ayuntamiento vecino que revisara esa autorización y, posteriormente, impugnar ese permiso en los tribunales.

Segregación

Así zanja al alto tribunal esta parte de una polémica que hace unos meses llevó a la Generalitat a denegar el expediente de segregación de la parte saguntina de Los Monasterios, que mantiene su voluntad de pertenecer de pleno derecho al municipio de l'Horta Nord.

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