La organización europea de transporte y medioambiente Transport and Environment (T&E) ha criticado el plan Renove 2020, aprobado este viernes por el Gobierno, porque ofrece ayudas a la adquisición de vehículos diésel y gasolina que contaminan.

T&E lamenta que parte de los 250 millones de euros de dinero público con los que se financia este plan se destinen a incentivar la compra de coches de combustión interna que producen emisiones, incluso por encima del objetivo climático europeo de 95 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro.

Además de condenar el uso del dinero público en vehículos contaminantes "que envenenan el aire que respiran los ciudadanos y perjudican al planeta", advierte que, con este plan, se correrá el riesgo de obligar a los fabricantes de automóviles a pagar "fuertes multas" por incumplir sus objetivos de CO2.

"El dinero público es un recurso escaso, así que no debería desperdiciarse en la compra de motores contaminantes y obsoletos que ya están en declive. El programa de achatarramiento debería incentivar solo a los coches de cero emisiones, ya que solo estos contribuirán a remediar la crisis de contaminación del aire en las ciudades españolas y a crear empleos duraderos en nuestra industria de la automoción", señala la directora de T&E en España, Isabel Büschel.

El plan de ayuda también permitirá la compra de vehículos que funcionan con gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural, a pesar de que el Tribunal Supremo sentenció que esta tecnología no ayuda a descarbonizar el transporte.

De hecho, la semana pasada, el Alto Tribunal dictaminó que es legal que los autos que funcionan con estos combustibles sean excluidos de los esquemas de ayuda pública, porque son "peores para el clima" que los que usan gasolina o diésel y, además, ya reciben un apoyo estatal significativo en su gravamen fiscal.

"El Gobierno ha dejado abierto el esquema de ayuda pública a los automóviles de GLP y de gas fósil días después de que el Tribunal Supremo sentenciara que estos vehículos no contribuyen a la descarbonización. En coherencia, el Gobierno debería excluirlos del programa Renove 2020", sentencia Büschel.

En esa ocasión, la lesionada ocultó el verdadero origen de sus heridas, que tardaron en curar más de cien días.

Dos días después, siempre según el escrito de acusación del fiscal, le permitió salir de nuevo para hacer unas gestiones con su madre, momento que aprovechó para volver al hospital para ser examinada de nuevo, “manifestando entonces la autoría de las lesiones”.

El ministerio fiscal solicita para José C.P. tres años de prisión por un delito de lesiones y seis años por un delito de detención ilegal.

Además, reclama que se le condene a pagarle indemnizaciones que suman 6.700 euros por las heridas que le produjo y las secuelas que le han quedado por la agresión.