La electrificación del sector del automóvil avanza, despacito, pero avanza. Ahora mismo, llegar a la implantación del vehículo eléctrico España es querer ganar la Champions, sin ni tan siquiera pretender jugar la fase de clasificación. Por ello, para seguir avanzando paso a paso, la pasada semana se reunió, por segunda vez desde que se constituyera el pasado 15 de junio, el Grupo de Trabajo de Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico. Promovido por el Gobierno y el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, y la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), el encuentro sirvió para afianzar los pasos a seguir de cara a impulsar el despliegue de infraestructuras de recarga.

Con el objetivo de eliminar las barreras que frenan la electrificación y coordinar las medidas y herramientas que permitan ese despligue de infraestructura, desde Anfac han puesto sobre la mesa 20 medidas agrupadas en 10 propuestas sobre las que habrá que trabajar. Entre todos. Ya en la constitución de la mesa, el presidente de Anfac, Wayne Griffiths, recordó que es esencial "la implicación de la Administración Pública es fundamental para lograr que el vehículo electrificado sea una realidad en España, a través de la constitución de este tipo de órganos que fijen una figura central que supervise y garantice que las medidas son eficaces y los objetivos se están cumpliendo”.

El documento con las líneas maestras propuestas por Anfac agrupa estos diez puntos:

1.- Definición de objetivos vinculantes anuales y calendarizados por años y potencias para eldespliegue de infraestructura de recarga de acceso público.

Para ello se reclama un marco político que establezca unos objetivos vinculantes por años (2023-2035) y potencias a lo largo del territorio nacional y la obligatoriedad de su cumplimento a final de cada año. En línea con el reglamento europeo AFIR (Alternative Fuel Infraestructure Regulation) establecer una metodología para cada Estado miembro para calcular los objetivos de despliegue necesarios.

2.- Desarrollo urgente de la plataforma de información sobre puntos de recarga de acceso público.

Establecimiento de una plataforma de acceso al ciudadano que registre e informe de los puntos de recarga públicos existentes, estado y operatividad.

3 y 10.- Actuaciones para incrementar el número de puntos de recarga público interurbano.

Designación por parte del Gobierno del listado de zonas objetivo mínimas para el impulso de infraestructuras de recarga de alta potencia en vías interurbanas en todo el país, así como la identificación también de las zonas de bajo interés de iniciativa empresarial. Para ello es necesaruio un nuevo plan de carácter nacional específicamente destinado a incentivar el despliegue.

4.- Mejora de las condiciones de ayuda en MOVES III para la instalación de puntos de recarga de alta potencia.

Continuar con la priorización de los puntos de recarga con potencia superiores a 50 kW y adicionalmente desarrollar una línea específica para puntos de recarga de alta potencia (+150 kW).

5.- Medidas fiscales.

Este punto es esencial y reclama la implementación de distintas medidas de carácter nacional, adicionales a los impuestos locales (IBI e IAE), como puede ser la reducción del impuesto asociado al suministro energético a puntos de recarga o la exención en el IRPF en las ayudas para vehículos electrificados, entre otras.

6.- Medidas para la simplificación de trámites administrativos para instalación de punto de recarga en 6 meses.

Reducción del papeleo y mayor fluidez de las peticiones.

7.- Mantenimiento de los puntos de recarga pública.

Garantizar a los consumidores la continuidad de la prestación de los servicios de recarga.

8.- Establecimiento y consolidación de criterios homogéneos para la tramitación de puntos de recarga de acceso público.

Establecimiento de procedimientos y criterios comunes por parte de la administración local que simplifiquen los trámites para la instalación.

9.- Establecimiento de objetivos adicionales para la instalación de puntos de recarga en aparcamientos de uso no residencial para el total del período 2022-2035.

Propuesta dirigida para que el incremento de los puntos de recarga pueda llevarse a cabo con una mayor implementación territorial.