La reclamación que la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad hizo a Función Pública hace unos días para poder reclutar personal de otras conselleries ha puesto de relieve las dificultades de movilidad en el ámbito funcionarial. La petición generó un nuevo roce entre el departamento que dirige Mónica Oltra y la titular de Justicia, Gabriela Bravo, con competencias en función pública, pero más allá de las discrepancias internas, se ha puesto en evidencia una situación atípica en la plantilla de la Generalitat. Así, en estos momentos existen departamentos con muy poca actividad, por lo que la carga de trabajo del personal asignado se ha reducido considerablemente, mientras que hay otros, como es el que gestiona el área de los Servicios Sociales, con mayor necesidad de manos.
Movilidad forzosa de los funcionarios y dudas
Sin embargo, adscribir de forma temporal a un funcionario o funcionaria de un puesto de trabajo a otro no es sencillo si ese cambio implica cambiar de conselleria. Existen dudas legales en torno a una movilidad forzosa, es decir, un traslado que no cuente con el beneplácito de la persona afectada. Antes incluso de la petición oficial de Oltra, ya el área de Función Pública estuvo explorando las opciones de poder realizar adscripciones temporales entre conselleries en base a algunos intrumentos que permite el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), como son los planes de empleo. Sin embargo, la Generalitat se encuentra con un obstáculo: la normativa emitida desde el Gobierno de España con motivo del estado de alarma. Los decretos del Estado permiten la movilidad de los funcionarios, pero siempre y cuando esta sea voluntaria. El problema viene cuando no hay voluntarios y existe una necesidad imperiosa de cubrir determinados puestos que pueden ser esenciales, como por ejemplo, para atender la cocina de una residencia pública de ancianos.
Este impedimento es, según fuentes de Función Pública, el principal escollo para atender la petición de personal de Igualdad, que, en concreto, solicitó diez médicos y nueve personas para limpieza. No obstante, la puerta no está cerrada del todo.
Las fuentes de la Conselleria de Justicia consultadas por este diario indicaron ayer que se están estudiando algunas alternativas, como podría ser una modificación de la ley valenciana de Función Pública mediante un decreto ley. No hay ninguna decisión tomada, pero esta opción, que requiere acuerdo del Consell, se está estudiando.
Otras fuentes sindicales que fueron consultadas por la Administración apuntan a que sería suficiente con elevar una consulta al Gobierno y solicitarle que desarrolle el decreto de alarma para permitir estos traslados forzosos en caso de necesidad.
La Conselleria de Justicia ya se ha visto atada de pies y manos por la normativa estatal cuando hace unas semanas intentó aplicar al personal funcionario los permisos retribuidos recuperables. La titular de Juticia, Gabriela Bravo, quería garantizar que el funcionariado que se había quedado sin tareas compensara, una vez superada la crisis sanitaria por el coronavirus, las horas perdidas. El Gobierno central cerró esta puerta.
Toda la información sobre el coronavirus en Valencia
ÚLTIMA HORA: Toda la información, en directo
DATOS: Casi 300 personas curadas, 38 muertos y 211 nuevos casos en un día
Mascarillas gratis en las farmacias valencianas para mayores y colectivos de riesgo
Gobierno y comunidades definen cómo cerrar el curso escolar
La propagación del virus crece cuando bajan las temperaturas
CURVA | Todos los gráficos para entender la evolución del virus
¿Puedo ir a comprar a otra población?: respondemos a todas tus dudas
