La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra ha alcanzado un acuerdo con el departamento que dirige Vicent Marzà para poder reclutar personal de Educación y cubrir así de forma temporal plazas esenciales en el área social. El acuerdo se ha fraguado al margen de la Conselleria de Justicia con competencias trasversales de personal y que hace unos días puso pegas a la petición de Políticas Inclusivas para que el Consell le asignara personal de otros departamentos para cubrir sus necesidades.
La negociación bilateral con Educación se ha concretado en un documento cuyo fin es poner a disposición del departamento de Oltra el personal que ocupa determinados puestos de trabajo en Educación, pero que tienen funciones similares en ambas conselleries y sin carga de trabajo por el cierre de los colegios. Se hace alusión a las plazas de cocina, limpieza, ayudante de residencia, personal subalterno, auxiliar de enfermería y de educación especial. Este colectivo quedaría asignado por la vía de la adscripción provisional para trabajar en servicios sociales.
El préstamo de personal entre las conselleries no tiene ningún problema siempre y cuando se trate de un traslado voluntario. Sin embargo, el texto del acuerdo abre la puerta a la movilidad forzosa, una fórmula que Función Pública cree que en estos momentos sin amparo legal. De hecho, tal como informó este diario esto llevó al departamento que dirige Gabriela Bravo a no atender la petición de Oltra de traslado de personal.
El acuerdo entre Educación e Igualdad no implica que todo ese personal vaya de golpe a ser movilizado para atender centros sociales. Se establece unos criterios de selección de personal. En primer lugar, se contará con personal voluntario, pero en el caso de que no existan voluntarios «se seleccionará en primer lugar el personal funcionario interino y en segundo lugar el funcionario». En el baremo se tendrán en cuenta otras cuestiones como la proximidad al puesto, la edad, etc.
Apoyo sindical con reservas
El acuerdo generó ayer revuelo en los ámbitos de función pública ya que supone un pulso al departamento de Bravo que ha quedado al margen y que estaba explorando vías para atender a la petición de Oltra con mayor seguridad jurídica. El texto fue remitido a los sindicatos y la conclusión fue un apoyo con muchas condiciones. La FSP-UGT pide que quede constancia de la exclusión de quienes tienen ya otorgado un permiso por cuidado de menores y exige que se informe con detalle al sindicato del personal afectado a quien de forma individual debe comunicarles la resolución. También cree que deben escucharse las juntas de personal. Por su parte, CC OO condiciona su apoyo siempre y cuando se tengan en cuenta sus observaciones, entre ellas, la garantía de que se avisará con al menos 48 horas de tiempo y que no va a suponer el daño a la salud de trabajadores con problemas específicos. El sindicato quiere también pruebas de que se han agotado otras opciones.
También el CSIF mostró sus reticencias y al igual que UGT quiere que el personal con permiso para conciliación familiar quede fuera de adscripiciones fozosas. El sindicato exige también información detallada de si Políticas Inclusivas ha acudido ya a Labora y si ha cubierto las nuevas 300 plazas creadas. Intersindical, por su parte, se mostró a favor de asignar recursos donde hagan falta, si bien con todas las garantías para proteger la salud de la plantilla. Así, creen que los mayores de 60 años deben quedar fuera.
