El juzgado de primera instancia número 2 de Gandia no ha visto ningún motivo para anular la sanción que la Federació de Falles (FdF) de Gandia impuso a la comisión de la Plaça del Prado por retirar «ninots» la noche de la «cremà» del año 2018. Así aparece reflejado de forma clara en la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, por el juicio que tuvo lugar el pasado 13 de marzo tras la demanda que la falla presentó contra el colectivo que preside Telmo Gadea.
El escrito judicial, en el que se desestima la petición del Prado y le impone además las costas del proceso, desmonta todas las tesis que proponía la comisión para tratar de demostrar que la sanción por la que se le retiraba el banderín y el premio económico y se le imponía una multa de 300 euros no se ajustaba a derecho.
En primer lugar, la falla aseguraba que la infracción (la retirada de los «ninots») «no estaba tipificada», esto es, que no se consideraba como una práctica irregular en ninguna reglamentación en las que se basa la Federació de Falles. En este punto, la jueza señala que el 20 de febrero de 2018, apenas dos semanas antes de la celebración de las fallas, en una Junta de Gobierno «se acuerda que se deberán quemar todos los 'ninots', con la salvedad de los que se entreguen a las reinas». Además, recuerda que esa medida se aprobó «por unanimidad», por lo que «contaba con la aquiescencia de quien hoy reclama».
Por otra parte, la asociación fallera buscaba demostrar que la comisión disciplinaria que estudió el caso y después emitió el veredicto no era imparcial porque tres de sus miembros formaban parte de fallas que habían firmado la denuncia. La magistrada, en este punto, asume los razonamientos de la FdF y asegura que «la disciplinaria estaba válidamente constituida».
Los estatutos que regulan la constitución de este órgano sostienen dos motivos por los que deben abstenerse de participar sus vocales: que formen parte de la falla expedientada o por amistad o enemistad, «extremos que no han concurrido o no se han acreditado», señala la sentencia. Por ello, considera que «no concurre ninguna causa por la que estatutariamente ninguno de los vocales de derecho tuviera que abstenerse».
El Prado también solicitaba la nulidad de la sanción al considerar el procedimiento «injusto» porque existía lo que se conoce como «inversión de la carga de la prueba» y una «desviación de poder», cuando, por una parte, la Federació de Falles exigió a la comisión «que fuera ella quien acreditara su inocencia» y por otra el presidente, Telmo Gadea, ofreció a la falla reducir la sanción a cambio de que no presentara acciones legales. En este punto, la jueza reconoce que la FdF se manifestó de forma «desafortunada». Pese a ello, considera que la petición del Prado debe ser «desestimada», porque «renunció a proponer nuevas pruebas».
En último término, la comisión de la Plaça del Prado argumentaba que no se le había dado la posibilidad de presentar alegaciones en el plazo que establecen los estatutos. En este caso, la propia comisión reconocía que, «pese a las trabas», había podido presentar sus alegaciones. «Considero, por tanto, que ninguna indefensión se le ha originado», señala la resolución judicial.
Tras conocer los términos de la sentencia, el jueves por la noche, el presidente de la Federació de Falles, Telmo Gadea, convocó una reunión con todos los presidentes de la ciudad. En ella abrió la puerta a «tender puentes» para «cerrar la herida» abierta por esta cuestión y «acercar posturas». En declaraciones a Levante-EMV decía sentirse «satisfecho» pero «no feliz» porque «este incidente ha lesionado la convivencia de las Fallas de Gandia». «Para mí, esta cuestión acaba aquí». A los presidentes les pidió «un esfuerzo por acercar posturas» porque «esto ha llegado demasiado lejos y quiero que acaben los insultos».
Desde la falla Prado emitieron un breve comunicado en el que aseguraron que «estamos analizando la sentencia» y que la asamblea «hablará y valorará» si presenta recurso. La entidad tiene 20 días para hacerlo.
