La comparativa de las normativas aplicadas para poner coto a los apartamentos turísticos revela que València es una de las ciudades más restrictivas. Espoleados por las protestas vecinales contra la turistificación de los barrios, los gobiernos de las ciudades han intentan poner orden en el sector dando pie a la proliferación de normativas -hay 47 diferentes-, lo que genera una gran desigualdad entre unas y otras ciudades. València, con 5.732 viviendas turísticas registradas , Barcelona, donde los datos del ayuntamiento hablan de 15.800 las viviendas turísticas, y Madrid (donde algunas estimaciones sitúan el número de apartamentos turísticos en10.338) son las ciudades con mayor oferta, sin embargo cada una de ellas tiene una forma muy diferente de afrontar su regulación.
En València, las delegaciones de Turismo, Desarrollo Urbano y Policía Local , gestionadas en la pasada legislatura por el PSPV, han impulsado varias medidas de control, encaminadas a poner límite a la actividad a través del urbanismo y las inspecciones. La principal novedad en València ha sido la exigencia del informe municipal de compatibilidad urbanística. Un requisito amparado por la nueva ley de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana que regula, a su vez, el Registro de Turismo de la Comunitat.
El informe de compatibilidad urbanística es un documento, que debe emitir el Ayuntamiento, obligatorio para inscribir la vivienda en el Registro de Turismo de la Comunitat, competencia corresponde a la Generalitat, y legalizarla. En dicho informe, que en sí mismo ya representa un elemento disuasorio, se deben especifican los usos urbanísticos admitidos y, en su caso, la existencia de limitaciones de carácter estrictamente urbanístico.
Además del preceptivo informe de compatibilidad urbanística, el ayuntamiento ha restringido a través de los planes urbanísticos los apartamentos en casi toda Ciutat Vella (solo se salva San Francesc) y en barrios como el Cabanyal, que también empieza a registrar una elevada concentración de apartamentos turísticos, y donde el nuevo plan especial fijará un máximo del 10% para este tipo de negocio en las nuevas unidades de ejecución previstas.
En el resto de la ciudad, el ayuntamiento permite los apartamentos turísticos en planta baja y primera si en la misma no hay viviendas residenciales. Pero no todas las viviendas valen. Solo podrán ser inscritas como «de uso turístico» las que cumplan una serie de requisitos. Los principales son estar amueblada y con disposición inmediata, comercializarse con fin lucrativo y habitualmente, y contar con el preceptivo informe de compatibilidad urbanística, una exigencia con la que el Ayuntamiento del «cap i casal» ha intentado recuperar el control de los apartamentos. En este sentido el grupo socialista presentó enmiendas a la ley de Turismo de la Generalitat para tener más control sobre los pisos turísticos.
Además de las medidas urbanísticas, el ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña de inspecciones para aflorar las viviendas ilegales, que se enfrentarán a multas de entre 100.000 y 600.000 euros. Según fuentes oficiales manejadas por el ayuntamiento, actualmente existen 11.974 pisos de uso turístico en València, aunque en el Registro de Turismo de la Comunitat solo había inscritas 5.732 en mayo de 2019, por lo que las 6.242 viviendas restantes se consideran fuera de la legalidad.
El Ayuntamiento de València está llevando a cabo en colaboración con la Generalitat inspecciones de la policía para detectar las viviendas turísticas ilegales.
El pasado mes de abril, en colaboración con la Generalitat, el consistorio puso en marcha una ronda de inspecciones mediante la cual agentes de la Policía Local informarán sobre el uso irregular de las viviendas turísticas. Esta ronda de inspecciones ha comenzado por los barrios de Ciutat Vella y el Cabanyal.
El ayuntamiento trasladará actas de inspección a la Generalitat de aquellas viviendas de uso turístico que ejerzan actividad sin estar inscritas en el registro de turismo de la Comunitat para que tramite las multas correspondientes.
Para hacer frente al boom de los apartamentos y la creciente turismofobia, Barcelona ha optado por exigir una tasa turística de 2,25 euros a los usuarios de las viviendas turísticas. Barcelona ha creado la figura del «visualizador» que realiza comprobaciones in situ y entrevistas personales con turistas para detectar posibles fraudes. Barcelona cuenta con cuatro zonas diferenciadas en función de su concentración de establecimientos turísticos. La zona 1 (que incluye, entre otros, l'Eixample barcelonés, Rambla y Ciutat Vella) concentra más de 5.300 viviendas turísticas y allí no se pueden dar de alta nuevas viviendas vacacionales ni ampliar las ya registradas. En las zonas 2 y 3 solo se pueden dar de alta nuevos apartamentos si antes se dan de baja otros y se cumplen. En la zona 4, que incluye La Marina, Sagrera y el distrito 22 Nord, no se permiten nuevas altas. Las sanciones en Barcelona a los apartamentos ilegales ascienden a 60.000 euros.
Madrid, cuyo ayuntamiento no tiene potestad sancionadora en materia de alojamientos turísticos, no impone tasa turística, pero sí exige una estancia mínima de cinco días. Para autorizar un apartamento turístico se pide un certificado de un arquitecto.
