En mitad de un serio debate sobre la necesidad de volver a dotar a la sociedad de mecanismos más coercitivos frente al incivismo, una difícil cuestión que requeriría pensar con muchos matices y cautelas el papel de la escuela y los docentes ante los jóvenes o de la propia policía y demás frentes ordenancistas para lidiar con los nuevos y gratuitos vandalismos que perturban el equilibrio social, ha tenido lugar en Valencia un dislate judicial muy poco edificante al respecto.

Se trataba de enjuiciar a un grupo de hasta catorce menores organizados en una de esas agrupaciones descerebradas de nombre «Razonamiento Siempre Manda», y que al parecer sembraron la destrucción en algunos barrios periféricos de la ciudad, provocando incendios, daños y robos sin sentido. La causa, obviamente, se promovía como una buena ocasión para reflexionar sobre la floración de estos movimientos juveniles con altas dosis de agresividad banal.

Nadie podía esperar, sin embargo, que el caso haya terminado con la absolución de todos los menores por la sencilla e increíble razón de que ha prescrito al retrasarse más de un año la celebración del juicio por falta de una sala adecuada. Los autores materiales de la absolución técnica aclaran, para mayor estrambote, que el retraso podría deberse a que otro magistrado, fallecido hace unos meses, quiso abrir el juicio con una escenografía en la que estuvieran todos los acusados, razón por la cual no habría tenido acceso a una sala en las condiciones requeridas... una sala de la novísima y flamante Ciudad de la Justicia, cuyas instalaciones parecen no dar la talla a las primeras de cambio.

Ante este caso no cabe sino pedir una investigación seria y serena por parte de las autoridades debidas -se supone que el Consejo General del Poder Judicial-, para al menos dejar en claro la torpeza en la que algunos estamentos han podido incurrir.