Comienza una semana que será decisiva para la tramitación de la reforma del Estatuto valenciano. En las próximas horas debe concretarse la primera reunión entre los ponentes socialistas, Ciprià Ciscar y Alfonso Perales, y los populares, Federico Trillo y Soraya Sáenz de Santamaría, para hablar del contenido de las enmiendas que ambas formaciones presentarán al articulado de la iniciativa presentada en el Congreso de los Diputados por las Cortes Valencianas. Será el momento en el que cada una de las partes deberá descararse y poner sobre la mesa el número de enmiendas que quiere presentar al articulado y con qué contenidos. La situación no deja de ser delicada ya que ambas partes están atadas por el pacto entre las dos formaciones en el ámbito de la Comunidad. Durante el fin de semana ha habido conversaciones intensas, pero dentro de cada formación política. Trillo ha despachado durante horas con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y Ciscar ha hecho lo propio con el líder del PSPV, Joan Ignasi Pla, y sus asesores. Tanto Ciscar como Trillo han estado empollando sobre los contenidos de la reforma estatutaria y, sobre todo, las posibles alternativas que ofrecen las enmiendas.

El PP valenciano no quiere tocar ni la cláusula Camps, un empeño personal del presidente de la Generalitat, ni las referencias a los derechos históricos, propuesta nacionalista de su escudero Serafín Castellano, quien ha contado en este capítulo con el asesoramiento especializado de Vicente Domínguez, un registrador de la propiedad de Cullera. Los socialistas, por su parte, consideran intocables los artículos referentes a la Agencia Tributaria y en materia de Justicia, las particulares cláusulas Pla en el articulado. Estos principios se enmarcan dentro del pacto entre PP y PSPV y ambas formaciones se encuentran seguras de que desde sus respectivos ámbitos no surgirán problemas. Pero las dificultades en la tramitación del Estatuto en el Congreso de los Diputados no provienen del Mediterráneo precisamente. Es más bien dentro de la almendra que dibuja la M-30 madrileña donde surgen las reticencias y, en algunos casos, los sarpullidos.

Desde las filas conservadoras se plantean peros a las dos propuestas estrella de los socialistas y desde el núcleo jacobino del PSOE se considera como un peligro potencial la filosofía de la cláusula Camps por mucho que informes en posesión del Ejecutivo se diga que es inocua jurídicamente; en cambio el Gobierno quiere meterle mano a la redacción actual a los derechos históricos «para evitar confusiones». Es más que probable que tanto Ciscar como Trillo, acompañados en la negociación y en la ponencia de sus respectivos responsables autonómicos en las direcciones de ambos partidos, deban pactar primero con en casa propia antes de hacer una puesta en común. La realidad es que, pese al buen entendimiento entre populares y socialistas en la Comunidad, no hay nada claro todavía sobre qué camino tomar.

El hecho de ser la primera reforma estatutaria en ser debatida en el Congreso de los Diputados va a conferir una gran trascendencia a cada paso que se dé a partir de hoy pese a tratarse de un texto que goza de buena prensa al margen del contenido concreto de las reformas que presenta. En algunos círculos políticos madrileños de todos los colores consideran que en determinados puntos -derechos históricos, agencia tributaria, justicia, entre otros- no existen apenas diferencias con el proyecto de reforma catalán. Y quieren mirarlo con lupa.