Peset Aleixandre y los consejos de guerra

Para muchos, el nombre de Peset Aleixandre se limita a identificar una avenida, un hospital o un colegio mayor. Sin embargo, resulta menos conocido que también personifica una de las injusticias más amargas de nuestra guerra civil. En mayo de 1941, Juan B. Peset Aleixandre fue fusilado en Paterna por las tropas de Franco, tras haber sido sentenciado a muerte por un consejo de guerra. El análisis del proceso muestra con claridad que no fue condenado por la comisión de un delito contra persona alguna, sino por defender legítimamente los principios constitucionales y democráticos.

Peset Aleixandre fue catedrático de Medicina Legal y Toxicología en la Universitat de València, en la que ocupó el cargo de rector entre 1932 y 1934. En el ámbito científico, abordó valiosas investigaciones relacionadas con dichas materias y con otras referidas a los campos de la medicina preventiva y de la bacteriología, en los que sobresalen sus estudios sobre higiene pública y sobre la vacunación contra el tifus. Sus métodos innovadores contribuyeron a un notable prestigio académico de Peset en nuestro país y en el ámbito europeo. La proclamación de la II República estimuló la implicación política de numerosos científicos e intelectuales que apostaron por el reformismo republicano como mejor solución para la regeneración democrática del país y, desde su talante moderado y liberal, Peset se incorporó a la tendencia republicana liderada por Azaña. El reconocimiento social de Peset Aleixandre quedó patente en las elecciones parlamentarias de febrero de 1936: concurrió en la coalición del Frente Popular y resultó el candidato más votado en la circunscripción de la ciudad de Valencia, en un sistema electoral de listas abiertas. Desgraciadamente, la guerra desbarató la tentativa democrática republicana y la brutal represión posterior provocó la eliminación de sus principales figuras.

El proceso contra Peset comenzó con unas denuncias incoherentes sobre transgresiones genéricas, acompañadas de imputaciones tan vagas como que fue «amigo de Azaña» o que «escribía artículos en "El Mercantil Valenciano"». A lo largo del sumario se evidencia que Peset auxilió durante la guerra a numerosas personas de derechas, que salvó la vida a sacerdotes y religiosas (incluso ofreciendo refugio en su propia casa), y que hizo cuanto estuvo en sus manos para evitar desmanes en la zona republicana, con riesgo para su propia integridad. También queda acreditado que Peset Aleixandre se limitó durante la contienda a contribuir a salvar vidas al frente de los hospitales militares de Castellón y Valencia. En consecuencia, el reproche de la acusación se centra en su condición de diputado y en las actividades públicas inherentes a este compromiso cívico.

El consejo de guerra condenó inicialmente a muerte a Peset, pero valoró su conducta humanitaria y solicitó el indulto, con conmutación por una pena privativa de libertad. Sin embargo, los sectores más intolerantes del régimen no aceptaron el veredicto y presionaron de forma obsesiva para obtener su revocación. Ello acabó provocando que, en un alarde de marrullería procesal, el tribunal acordase la nulidad de la sentencia y de las actuaciones previas, con el pretexto del hallazgo de una nueva evidencia incriminatoria. A falta de otros motivos de mayor alcance, la increíble prueba de cargo que provocaría la repetición del juicio y la variación de la sentencia sería una conferencia que impartió Peset años atrás en las aulas universitarias. En la citada conferencia, con su moderación habitual, Peset se limitaba a mostrar sus simpatías por el laborismo británico o las socialdemocracias escandinavas, a citar a filósofos clásicos y contemporáneos, y a defender las instituciones democráticas frente a la sublevación militar. No obstante, en un proceso sin garantías, dicha conferencia se convirtió en la prueba determinante para sustentar la definitiva condena a muerte.

En la represión que siguió al golpe de Estado resultan significativas las matanzas sin proceso alguno de miles de personas, muchas de las cuales continúan sepultadas en la ignominia histórica de las fosas comunes. Sin embargo, junto al primitivismo de estos métodos criminales, no debemos ignorar el uso fraudulento de un símbolo de civilización como el derecho para legitimar la barbarie. El trámite actual de la denominada Ley de la Memoria Histórica representa una oportunidad adecuada para desautorizar o anular la actuación de los consejos de guerra del franquismo, a partir de instrumentos jurídicos que permitan decretar, desde el Estado de Derecho, que resulta inadmisible la condena de ninguna persona por razones ideológicas.

Sin duda, en este camino nos encontraremos con obstáculos expresados desde la jurisprudencia, en relación con la salvaguarda de la seguridad jurídica o con los límites que surgen de la irretroactividad constitucional; pero ello no debería impedir que una legislación específica sobre la materia pudiera regular, con los matices que se estimen oportunos, algún tipo de impugnación de las resoluciones de aquellos tribunales cuya actuación fue notoriamente contraria a los derechos humanos y a la propia idea de justicia. El propio Peset Aleixandre pareció intuir esta necesidad ética de rectificación institucional en su emotiva carta de despedida a su esposa e hijos, escrita pocas horas antes de su muerte: «El destino me ha elegido como instrumento de su injusto dolor. Confío, seguro en Dios, en que algún día mi patria os devolverá mi nombre como el de un ciudadano que jamás hizo más que servirla cumpliendo sus deberes legales».

*Juez