La economía sumergida es una lacra sin paliativos, una de las anomalías que más distorsionan el sistema y, en consecuencia, más perjuicios acarrea para el conjunto del cuerpo social. Ni aún en los momentos en que el mercado ofrecía mejores oportunidades, la Comunitat Valenciana ha podido librarse de ese lastre. Todo lo contrario: entre 2000 y 2009, el mercado negro aumentó en 5.690 millones, situando la economía valenciana como la segunda en donde más creció y colocando la tasa de economía sumergida en el 24,5% del PIB hasta un total de más de 24.000 millones. Es, ahora, en plena eclosión de la crisis cuando se hace más evidente que la economía sumergida bate récords. Hay quienes en estas circunstancias quieren ver el lado positivo del problema: la actividad oculta ofrece empleo —más que precario, mal pagado y en condiciones ajenas a toda norma laboral, incluyendo a veces las de seguridad—, pero empleo al fin. Es cierto que resulta imposible entender que con un cuarto de la población activa en paro la sociedad valenciana no parezca sufrir demasiada convulsión, y más cuando en muchos casos el subsidio de desempleo ha sido agotado. La explicación más sencilla nos remite al efecto compensador de la economía sumergida. En muchos de los casos individuales tal vez haya que aceptar que este tipo de trabajos es mejor que nada, pero desde la perspectiva general, estas actividades vienen a agravar la crisis, pues no contribuyen a la productividad y rompen las reglas básicas del mercado, además de no ayudar a la esquelética caja de los recursos públicos.
