Poco ha durado la tregua firmada hace unos meses entre el Puerto de Valencia y las diferentes organizaciones de transportistas con la que se ponía punto final a la conflictividad provocada por la caída de negocio y la rivalidad entre unos grupos y otros que en los últimos años ha cristalizado en la quema de numerosos camiones. Transcont, la organización de transportistas de contenedores integrada en la organización de autónomos Asnepa, ha vuelto a levantar el hacha de guerra con una huelga sorpresiva —sin convocatoria previa ni autorización administrativa— y un bloqueo que ha servido para disuadir al resto de camioneros de operar en el recinto portuario. La justificación que los organizadores dan para explicar este paro se centra en el retraso de los pagos por parte de los transitarios y en el descenso de la actividad.

Sin embargo, medidas de fuerza como ésta son difícilmente justificables. Si alguien quiere parar, es libre de hacerlo, pero no por ello tiene derecho a imponer esa decisión a otros. Además, esta actitud pone en peligro el crédito del puerto valenciano, ya de por sí bastante maltrecho por sus tarifas, en un momento especialmente delicado del comercio internacional. El recinto portuario libra una dura batalla con sus competidores más directos, de la que hasta el momento ha salido victorioso. Pero un bloqueo en las terminales puede derivar en una saturación y la consiguiente incapacidad para trasegar mercancías, lo que desviaría los barcos a otros puertos. Un riesgo ciertamente inasumible para la economía valenciana en estos momentos.