Casi 270.000 funcionarios y empleados públicos en la C. Valenciana —más de 2,5 millones en el conjunto de España— están llamados hoy a la huelga en protesta por el recorte salarial decidido por el Gobierno dentro del plan de ajuste que incluye también una congelación de las pensiones para el próximo año. Los sindicatos han optado por precipitar el paro de estos trabajadores sin esperar a la eventual convocatoria de una huelga general como respuesta a la reforma laboral que previsiblemente tendrá que aprobar el Gobierno mediante decreto la próxima semana. Se trata, en ese sentido, de una toma de temperatura del ánimo entre afiliados y asalariados, pero los convocantes corren también un riesgo que puede desanimar futuras convocatorias por cansancio o por falta de seguimiento.
El paro coincide, además, con el anuncio de que Alemania reducirá en 10.000 el número de funcionarios y de 40.000 el de soldados en el período 2010-2014. Una decisión que va mucho más allá de la adoptada por el Gobierno español, que en todo caso ha garantizado los puestos de trabajo en el sector público. Y está por ver qué medidas incluye finalmente el Gobierno británico en los presupuestos que Cameron ha de presentar el próximo día 22. Mal de muchos sólo es consuelo de tontos. Pero el conjunto nos muestra una situación lo suficientemente general y grave como para que las respuestas sociales que se produzcan en España disten lo más posible de parecerse a las griegas.
