Un concejal del PP y un militante socialista se liaron a puñetazos el jueves por la noche en el transcurso del pleno municipal de la localidad de Mislata. El incidente se produjo después de que el alcalde tuviese que interrumpir la sesión por la tensión dialéctica que se había registrado entre grupos de militantes de ambos partidos entre el público asistente. Al margen de las versiones de cada uno sobre los motivos que provocaron el altercado —insultos o no mediantes—, el hecho resulta absolutamente reprobable. En primer lugar, porque no son formas de dirimir las diferencias. Y en segundo lugar, porque tuvo lugar en el salón de plenos de un Ayuntamiento, donde se supone que el medio para resolver los conflictos es la palabra, la dialéctica, la capacidad de convencimiento, pero nunca la violencia.

La tensión que PP y PSOE mantienen en las instituciones políticas —cada vez más agudizada— se está trasladando a la calle de la peor manera posible. Por eso ambos partidos deberían adoptar medidas contundentes contra quienes pasen de la palabra a los hechos aunque sólo sea para dejar claro que en ningún caso amparan ni justifican conductas que enrrarecen la convivencia y desprestigian el ejercicio de la política al privarla precisamente su carácter de vía pacífica para solucionar los conflictos. El caso de Mislata no debe repetirse. De lo contrario, podríamos entrar en una espiral de imprevisibles consecuencias.