Así están las cosas en la sede del recién nacido grupo Cajas Rurales del Mediterráneo («no me llames Ruralcaja, llámame CRM», te dicen en cuanto entras por la puerta), la agrupación de interés económico, no SIP, que la antigua Caja Rural de Valencia ha creado en torno suyo con otras trece pequeñas cooperativas de crédito rurales. Su sede en el Paseo de la Alameda parece estos días zona de obras donde antiguos y nuevo directivos se reparten apretadamente metros cuadrados y despachos, cajas de cartón y muebles, en un casi empalagoso clima de reunión de primerizas a punto de dar a luz. A la antigua sede Ruralcaja y hoy de CRM se han incorporado 50 nuevos empleados, de ellos unos diez directivos, procedentes de las cooperativas asociadas que contribuirán a la gestión de un naciente grupo financiero con muchas ambiciones. Un inteligente movimiento de ese estratega llamado Juan Antonio Gisbert —experto en fusiones como las que dieron lugar a la CAM y «desfusiones» como la que ustedes ya saben— para vencer las últimas resistencias de las taifas rurales.
En esa línea, el viernes mismo se incorporaba a la agitada sede el último ejecutivo que se suma al directorio creado por Gisbert. Se trata de Carlos Gil Ferrer, director de Caixa Callosa y nueve años de experiencia en Deloitte (los antiguos «arturos» siguen copando el sector financiero local), quien dirigirá la auditoría interna. Con él y sin José Luis Traver, director de Caixa Burriana, que ha dado calabazas a Gisbert optando por quedarse en el pueblo y renunciar a las pompas capitalinas como su mejor aportación a la fusión, el director general da por cerrado el organigrama de mando del nuevo grupo, en el que figuran como número dos y subdirector general Rafael Carrau, procedente de Crèdit València, al que asistirán el citado Gil Ferrer, Pablo Font de Mora Sainz (secretario general), José Luis Fernández Caro (inversiones), Juan Ramón Subiela (administración y control); Antonio Cantó, director de Caixa Torrent y nuevo director comercial del grupo, y Felipe Aguado (Medios). A partir de julio será nombrado el segundo escalón de mando y se producirá la incorporación de otro directivo «estrella» cuyo nombre se guarda celosamente hasta que no resuelva su relación contractual con una entidad nacional en la que trabaja desde hace años. Y con ellos, el nuevo «dircom» de la casa, el periodista Vicent Palací, viejo conocido de Gisbert de la etapa socialista en la Generalitat, un periodo prácticamente situado en la prehistoria.
Conformado el equipo que lleve el día a día de la casa (tampoco hay mucha más tela que cortar: CRM nace en un severo contexto de crisis y bastante tendrá con sanear y recuperar solvencia y credibilidad, como el resto de las cajas, las rurales y las bancarizables), Gisbert podrá dedicarse de lleno a esa gran partida de ajedrez que están jugando las setenta cajas rurales españolas y cuyo destino final es su agrupación en torno a dos polos: el encabezado por la almeriense Cajamar, que juega con la ventaja de haber movido primero, y el de la propia Ruralcaja (perdón, CRM...). Ya está trabajando el despacho de abogados Garrigues desde Madrid en la constitución de un SIP nacional de cajas rurales que sumaría unos 65.000 millones en activos, de los que aproximadamente el 20% corresponden al naciente grupo valenciano. Este grupo, Cajamar aparte, representa aproximadamente el 90 por ciento del sector de cooperativas rurales nacionales que aún no habían decidido su opción. El 10%restante se está constituyendo, a su vez, en otro grupo asesorado por esa nueva consultora española que ha irrumpido en el mercado con sorprendente desparpajo, Asesores Financieros Internacionales (AFI), liderada por el economista, ineludible, Emilio Ontiveros. Todo ello un juego menor comparado con el de las cajas de ahorro, pero no desprovisto de interés dentro del gran teatro de operaciones que está transformando el sector financiero español.
A solas con Rato.Relataba la semana pasada un servidor en su versión digital, Valenciaplaza.com (disulpa, director, este insignificante corte publicitario), que por parte de Bancaja apenas son tres los negociadores que están fijando las condiciones de su integración en el SIP que lideran Caja Madrid y su presidente Rodrigo Rato. Sin menoscabo alguno de la capacidad de estos tres personajes —el propio José Luis Olivas, apoyado por su director general Aurelio Izquierdo y el director financiero Miguel Ángel Soria— ni de su habilidad para buscar y obtener las mejores opciones, cabe preguntarse qué están haciendo el Consell, la Conselleria de Economía y el Instituto Valenciano de Finanzas, al día de hoy todavía tutores de las cajas valencianas, por asegurarse unos acuerdos de fusión en cuya letra pequeña no se la estén colando los espabilados de la capital. Gracias a esa absurda teoría manejada por la Generalitat para justificar su apatía hacia el sector financiero regional, «hay que respetar las decisiones de los órganos rectores de las cajas», la Comunidad Valenciana se ha quedado sin bancos ni cajas de ahorro propias porque a los órganos rectores de las cajas ya se lo han dado todo decidido desde Madrid mientras el Consell pagaba las «fantas». Se ha hablado largo sobre este amargo trago y seguramente no vale la pena volver sobre él (de momento), pero, ¿también va a permitir el Gobierno autonómico que se firme el protocolo de fusión, el próximo 10 de julio, sin interesarse seriamente por las negociaciones, sus detalles ni haber respaldado de forma visible a los negociadores locales? Es obvio que la reestructuración del sector de cajas de ahorro son palabras mayores en las que las CC AA, especialmente la valenciana, han perdido sus opciones por «manazas», pero tampoco es cuestión de renunciar absolutamente a salvar los muebles de los intereses locales dentro de esta «deslocalización» financiera que estamos presenciando. (Por cierto, resulta llamativo el manto de silencio que ha caído sobre la CAM. Es como si se la hubiera tragado la tierra ¿habrá sido abducida por los asturianos?).
El tapado del AVE. Alguien ha decidido inexplicablemente destapar la gran olla de la sucesión en la presidencia del «lobby» AVE (cada vez menos «lobby», ¿no les parece?) y lanzado al ruedo de los titulares mediáticos unos cuantos apellidos con el objetivo aparente de quemarlos en la siempre abrasadora hoguera de la opinión pública. No otro sentido puede tener el hecho de proclamar candidatos muchos meses antes de que se produzca el relevo en una organización que, como AVE, carece de reglamentación electoral definida. Aunque seguramente ni éste ni cualquier otro movimiento por el estilo tenga mayor importancia en una asociación cuyo núcleo duro ya tiene pergeñado, desde hace tiempo, el perfil del sucesor para Paco Pons. Otra cosa es que el resto de cofrades lo acepten aun a riesgo de que les repitan aquello de «esto son lentejas, si quieres las tomas y si no...».
