La mayoría de las cajas de ahorros fueron creadas en el siglo XIX para acabar con la usura y participar en una distribución más justa de la renta. La creación de las cajas fue una auténtica prueba de innovación económica y financiera. Las cajas son entidades privadas, de carácter social y fundacional, sin ánimo de lucro y se diferencian de los bancos precisamente en esa sensibilidad social que les confiere su origen por el que, mientras los bancos retribuyen a sus accionistas de forma individual (dividendos), las cajas distribuyen sus beneficios a través de su obra social con fines solidarios.
Las fuentes regulares de captación de recursos para las cajas de ahorros han sido: a) los depósitos de clientes procedentes de economías domésticas y de empresas; b) una parte de los beneficios obtenidos cada año; c) las emisiones de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas; d) el mercado interbancario; y e) las absorciones de otras cajas más pequeñas. En la etapa de la burbuja financiero-inmobiliaria (años 2000 a 2008) se acudió, además, al mercado financiero internacional para tomar fondos con que financiar un crecimiento que parecía iba a ser eterno, aunque se debía haber previsto que no podía durar mucho y así fue; la burbuja estalló y sus consecuencias han acabado afectando no solo al sistema financiero, sino también al sistema productivo.
Dos razones. A esta situación en la que se encuentran bastantes pero no todas las cajas, se llega por varias razones que podemos resumir en dos:
1) La politización excesiva de las cajas de ahorros. Esta razón se puede comprobar en las cajas de la Comunitat Valenciana con las leyes de 1997 y 2003 (véase el cuadro adjunto). Al Gobierno valenciano le corresponde regular y velar, dentro de sus competencias, por el cumplimiento de la normativa vigente sobre cajas, por ser éstas entidades de carácter social y fundacional, pero si la representación política rebasa el 50 %, se cambia su naturaleza jurídica.
La Comisión Europea exigió que los porcentajes de representación política en los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, que habían llegado a ser del 56% en la ley de 1997, se redujeran al 50% en 2003, entre otras cosas, para evitar la calificación de sus concesiones de crédito como subvenciones encubiertas. La Real Sociedad Económica de Amigos del País, entidad fundadora de Bancaixa, ya expuso su opinión, en diferentes ocasiones, tanto en los medios de comunicación como en los anales de la sociedad, recomendando que ese porcentaje de representación política no rebasara el 35%.
2) La obsesión por el crecimiento a corto plazo. Bastantes cajas de ahorros, no todas, se obsesionaron por el crecimiento exuberante y eligieron como vía una exposición excesiva en el sector inmobiliario, además de realizar cuantiosas inversiones permanentes en participaciones industriales. Las consecuencias para cajas y bancos fueron: inmovilización excesiva, concentración de riesgos en un reducido número de clientes, alta morosidad y escasas o nulas perspectivas de crecimiento. El resultado inmediato es la dificultad creciente para la captación de recursos.
Reforma de las cajas de ahorros. La crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de una reforma profunda de las cajas de ahorros, pendiente desde hace años (y quizás, de todo el sistema financiero). La intervención del Banco de España en Caja Castilla la Mancha (marzo 2008) aceleró el cambio. En 2010, los mercados financieros ya no responden, como antes, a las solicitudes de financiación de estas entidades. A junio de 2010, la mayoría de cajas de ahorros está inmersa en procesos de fusión para conseguir fondos que permitan garantizar su crecimiento y su subsistencia.
En el camino, muchas de estas cajas han sido cuestionadas, por agencias de calificación de rating, a veces de forma aparentemente arbitraria o precipitada o incluso interesada. No hay que olvidar que son estas mismas agencias las que hace poco tiempo les concedían una buena calificación.
La reforma del sector de cajas se ha planteado como un proceso de redimensión y concentración. Evidentemente, no está claro que el proceso actual de fusiones resuelva todos los problemas apuntados y, en especial, el de la politización excesiva. En la Comunitat Valenciana se inició un proceso de concentración de cajas durante los años 1987 a 1993 en el que se redujeron de 11 a las 3 cajas actuales (Bancaixa, CAM y Ontinyent), pero se detuvo y en la actualidad, debido a la crisis, se ha reiniciado un proceso en el que en el horizonte se han presentado varias alternativas de fusión.
La opción Bancaixa-CAM era la deseada porque habría consolidado a la Comunitat Valenciana como plaza financiera y habría supuesto un estímulo empresarial y económico para la sociedad valenciana. Pero la hicieron imposible ambas cajas al ir abriendo, conscientemente, oficinas en Valencia y Alicante durante los últimos 10 ó 15 años, duplicando sus redes, con el consentimiento y mirando hacia otra parte de aquellos que tenían la obligación y capacidad política para reconducir la siembra indiscriminada de oficinas. Hoy todo ha cambiado y la desunión sólo ha logrado ir relegando a la Comunitat Valenciana a un papel secundario.
Hasta muy recientemente, parecía que Bancaixa iba a liderar una fusión, una SIP, o iba a seguir su camino en solitario hasta la segunda oleada, como decía su presidente, pero no se sabe por qué razón, tampoco pudo ser. Así hemos llegado ahora a la fusión de Caja Madrid-Bancaixa que ya ha iniciado su proceso. Pues bien, ahora, cuando se está en plena negociación, sería el momento oportuno para que en el documento base de fusión se plasmara como objetivo una «atención especial» hacia la Comunitat Valenciana en lo que se refiere a la financiación de pequeñas y medianas empresas y en la dedicación de recursos financieros a la obra social y cultural.
Como entidad fundadora de Bancaixa seguiremos con sumo interés la evolución de esta SIP a la que le deseamos los mayores éxitos, pero reclamamos que se garantice, como exige la ley actual de cajas de la propia Comunitat Valenciana, el carácter social que inspiró estas entidades desde sus inicios.
Nueva ley de cajas: una reflexión. La innovación es necesaria a todos los niveles (empresa, investigación, universidad, etc.). Es el momento de que, al igual que lo hicieron hace 130 años, los políticos, las instituciones reguladoras y los ejecutivos, demuestren su (supuesta) capacidad creativa y en un alarde de auténtica innovación financiera consigan que las entidades resultantes de las SIP no se conviertan en bancos y mantengan el espíritu solidario y la preocupación por el interés general y la prosperidad pública.
Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Entidad fundadora de Bancaja
