El gobernador del Banco de España apuntó ayer sus baterías directamente contra los responsables de más de la mitad del gasto público: comunidades autónomas y ayuntamientos, sobre los que lanzó graves acusaciones. La principal de ellas, que la mayor parte de las medidas anticrisis que esas administraciones ha anunciado distan de responder a la reducción del gasto que se necesita. Por ello, a su juicio, hacen peligrar la estabilidad fiscal que el Estado impulsa y necesita para cumplir con sus compromisos internacionales. «El mayor riesgo de desviaciones está en las administraciones territoriales», advirtió Miguel Ángel Fernández Ordóñez en el Congreso, al tiempo que denunció el oscurantismo de las autonomías sobre su ejecución presupuestaria, frente a la transparencia de la Administración Central. Para combatir esta situación, el gobernador propone incrementar el control a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, por la que el Estado obliga al resto de administraciones a cumplir unos determinados objetivos. Es decir, que la Administración central «ate en corto» a autonomías y ayuntamientos que se resisten a asumir recortes al tiempo que rechazan también asumir responsabilidades en gestionar los ingresos mediante su propia capacidad recaudatoria. Se trata de una clara advertencia que al final puede derivar en un estrechamiento del Estado de las autonomías por la vía fiscal si todas las partes implicadas no se comprometen en aplicar las medidas necesarias, por impopulares que resulten. Y deja también en claro una vez más las carencias de los sistemas de financiación autonómica y local vigentes en la actualidad.
