La Fiscalía ha decidido investigar algunos aspectos de la gestión del conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, tras la denuncia presentada días atrás por el PSPV. La maquinaria judicial se pone así en marcha para intentar esclarecer si se han podido cometer ilegalidades en la concesión de ayudas a determinadas ONG. El conseller compareció ayer por fin públicamente para dar explicaciones. Sin embargo, no despejó las dudas que se ciernen sobre el reparto de subvenciones para cooperación internacional tras el cúmulo de informaciones que han ido viendo la luz, y de las que Levante-EMV ha dado cumplida cuenta, y que hoy amplía nuevamente.

Blasco atribuyó ayer todo a una suma de casualidades. Circunstancias que se antojan como mínimo inverosímiles ante unos hechos que desvelan la existencia de un auténtico entramado que mediaba en el reparto discrecional de las ayudas. Y, lo que aún es más llamativo: que dicha red está compuesta por varios de los que acompañaban al conseller en otros escándalos en los que se ha visto implicado durante su dilatada carrera política.

El inicio de las actuaciones judiciales no exime, en cualquier caso, de la asunción de las responsabilidades políticas. Pero no parece que sea esto lo que esté dispuesto a hacer el también portavoz del PP, quien ayer no sólo no manifestó la menor intención de purgar sus pecados, sino que encima se pasó su jornada laboral dando clases de ética a tirios y troyanos.