La factura del enfrentamiento entre el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y las instituciones autonómicas que gestiona el PP liderado por Francisco Camps suma cada vez más ceros. Se trata de una lucha que, aventada por la precampaña electoral, acabará saliéndonos muy cara. Inasumible en plena crisis económica. Por muy atolondrado que camine el PSOE en tierras valencianas, no siempre puede alegarse, como responde demagógicamente el Consell, que siempre pisa tres callos. El PP ha exacerbado el victimismo hasta extremos surrealistas y busca deliberadamente la confrontación para ganar votos sin apreciar los efectos, contantes y sonantes, de algunas de las propuestas que lanza el Gobierno de España. El almacén nuclear de Zarra llevaba aparejada una inversión de 700 millones de euros despreciada con inusitado desdén por la Generalitat cuando el horno de las finanzas domésticas no está precisamente para perder bollos. Y con la elección del centro de inserción social para presos de tercer grado y la cárcel para mujeres se ha jugado con idéntica imprudencia para avivar los temores vecinales con fines electoralistas como si el estado de bienestar no comportara cargas —desde la gestión de las basuras a las prisiones— que hay que asumir y gestionar con tanta resignación como responsabilidad. La gestión de Zapatero tiene suficientes aristas para articular una oposición eficiente. No es necesario recurrir siempre al populismo. Esa estrategia es muy costosa. Evapora el sentido común y la cartera.
