El Consell aprobó el viernes el anteproyecto de la ley de presupuestos de la Generalitat de 2011. Son las últimas cuentas públicas de la legislatura con las que el Ejecutivo de Francisco Camps piensa hacer frente a la crisis para que crezca un 1,2%, una décima por debajo de la previsión del crecimiento para España. Sus líneas maestras parecen claras. El Consell dispondrá de 13.714 millones, un 4,7% menos que el año en curso. Los presupuestos nacen constreñidos por los planes de austeridad, compromiso que adquirió el presidente Camps en el debate de política general: los recortes en algunas partidas de gasto corriente son de hasta un 15% y alcanzan un 30% en las líneas de subvención. Las áreas que marcan el mayor descenso se asientan en el capítulo de personal, que cae un 6%, como consecuencia del recorte salarial, y en el de las inversiones, que ronda un descenso genérico de casi el 12%. El vicepresidente Camps, en la línea de los gobiernos golpeados por la crisis y el recorte, dijo que los presupuestos «son realistas, austeros y eficaces para combatir la crisis económica». Veremos hasta qué punto la trilogía se sostiene en el marco de la actual recesión. Porque lo cierto es que el Consell busca ingresos desesperadamente y ya ha anunciado la venta de patrimonio público, una medida que amplifica la asfixia en la que se hallan las arcas autonómicas. La venta de inmuebles permitirá ingresar, según los planes, hasta 393 millones de euros mediante subasta de solares y edificios. La pregunta inmediata es si, en el marco de la crisis de la construcción y con el desajuste en la demanda, los inmuebles que se ponen en el mercado serán adquiridos. El ejemplo de los solares de Mestalla, paralizados y sin comprador, no presagia nada bueno.
