El Gobierno ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública de la Generalitat al considerar que vulnera la normativa estatal sobre empleados públicos. El Gobierno estima que la norma valenciana, que entró en vigor hace unos meses, contraviene la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) al ampliar los supuestos de excedencia para los funcionarios valencianos y atribuirles efectos económicos en materia de Seguridad Social. El Consejo de Estado ha avalado la queja del Gobierno. Por tanto, solicitará al Constitucional que anule el artículo de la ley valenciana que amplía los supuestos en los que un empleado público puede pedir una excedencia de hasta tres años para el cuidado de terceros. La ley estatal regula esta situación para cuidar a los hijos o atender a un familiar a su cargo hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que no pueda valerse por sí mismo. La Generalitat amplió este derecho a los casos en los que la persona que necesitara el cuidado y la atención fuera el cónyuge o la pareja de hecho del empleado. Según el Ejecutivo, tanto los incisos sobre el cónyuge o la pareja de hecho atacan el orden constitucional. La impugnación del Gobierno, que pretende recortar derechos de los empleados públicos valencianos —en especial en la figura de la pareja de hecho—, supone una regresión y además chirría con la defensa de los garantías civiles del Gobierno de Zapatero.
