El pasado 27 de agosto, el Consell de la Generalitat aprobó el proyecto de Ley de Juventud que actualmente se encuentra tramitándose en las Corts Valencianes. Es un nuevo texto, pero no el primero. Desde 2007 se ha presentado media docena de documentos que se han perdido por el camino, incluso cuando ya habían sido objeto de negociación, por lo menos, con el Consejo de la Juventud (CJCV), que reúne al tejido asociativo juvenil.

¿Qué ley nos proponen? Hemos hecho un estudio comparativo con las leyes de juventud que se han aprobado en otras comunidades autónomas y detectamos que, lógicamente, todas ellas se ocupan de la organización de las instituciones que tienen las competencias de la política de juventud, establecen la transversalidad y la integralidad como metodología de diseño y gestión de la política de juventud, regulan las formas y canales de participación juvenil, crean servicios de inspección y abordan aspectos sectoriales de la política de juventud y los servicios para jóvenes como la información juvenil, la animación, la ocupación, el vivienda, etcétera.

Frente a este esquema que se repite en todos los textos analizados, la propuesta de ley que presenta el Ivaj resulta absolutamente inconcreta y especialmente mínima cuando se abordan las políticas sectoriales de juventud, pero sí es significativamente muy concreta en todo aquello relacionado con la regulación de los consejos de la juventud (son 15 los artículos dedicados a regularlos), cuando sí existía ya una legislación; sin embargo, no los tenía bajo su control absoluto. La ley valenciana que se propone le cambia el nombre al Ivaj que pasaría a denominarse «Generalidad Joven». Y poco más.

Es básico que la ley establezca tanto objetivos claros como las acciones a ejecutar en asuntos como el acceso a la vivienda, la relación entre la educación formal y la no formal, la inserción laboral, las iniciativas emprendedoras, la movilidad, la difusión de los valores democráticos, los hábitos saludables, la conservación medioambiental, la promoción de la cultura propia, la gestión de la diversidad social. Pero si son capitales las políticas sectoriales, también es vital repensar los instrumentos de intervención. No es aceptable que ayuntamientos y Generalitat estemos solapando determinadas actuaciones, mientras otras cuestiones se quedan sin respuesta.

Los ayuntamientos deben ser los vehículos principales de la Generalitat para llegar a los y las jóvenes. Las diputaciones y la Generalitat deberán cubrir directamente aquellos espacios territoriales donde no hay iniciativa municipal en materia de juventud, pero donde sí exista algún servicio municipal para jóvenes deberá establecerse un sistema de colaboración fundamentado en la complementariedad y la subsidiariedad. Así la han entendido otras comunidades autónomas en sus leyes de juventud.

El artículo 49 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana establece la política de juventud como competencia exclusiva de la Generalitat. A pesar del desbarajuste que ha caracterizado hasta ahora la elaboración de la Ley de Juventud, aún estamos a tiempo de aprovechar esta oportunidad. Las y los profesionales que trabajamos en el sector de las políticas de juventud queremos opinar, aportar... con una única intención: mejorar los programas y servicios que contribuyen a la emancipación de los y las jóvenes.

President de l´Associació de Professionals de Polítiques de Joventut de la Comunitat Valenciana