La decisión de la Audiencia de Castelló de considerar prescritos cuatro de los cinco delitos que se le imputaban al presidente de la Diputación y el PP provincial, Carlos Fabra,y desestimar la acusación de cohecho fue acogida ayer con satisfacción por el afectado y el partido al que pertenece. No es para menos. Librarse del grueso de la carga acusatoria de los supuestos delitos fiscales cometidos en los ejercicios de 2000 a 2003 —no así el correspondiente al año 1999— porque nadie, empezando por la Agencia Tributaria, impidió que prescribieran es como para alegrarse. Pero no tanto como para calificar la decisión como «una mala noticia para los fans de los banquillos mediáticos», González Pons dixit. Ni mucho menos para exigir a quienes se escandalizaron por las gestiones e ingresos obtenidos por Fabra que le pidan perdón, como reclamó alborozado el PP. En primer lugar porque se ha archivado una de las causas que se siguen contra Fabra, pero continúan adelante otros procedimientos. Y en segundo lugar porque el auto de la sala segunda de la Audiencia de Castelló no entra a valorar la probidad de Fabra, ya que se limita a razonar por qué le da carpetazo a unas causas y no a otras. Y eso no es ni para echar cohetes. Claro que si lamentable es esta reacción en quien ha de predicar con el ejemplo, no lo es menos el papel que ha jugado el fisco en este asunto. ¿Cómo es posible que la Agencia Tributaria, tan inflexible y tenaz en la instrucción de otros tantísimos expedientes, haya dejado morir éste?
