Si hacía años que la cooperación valenciana había entrado en una deriva peligrosa, el desenlace al que asistimos en la actualidad supera las peores expectativas. Espero que la justicia resuelva y aclare todo este lamentable espectáculo, pero mientras la justicia hace su trabajo deberíamos plantearnos seriamente qué está pasando y qué ha posibilitado que hoy en día la cooperación valenciana goce de un merecido descrédito dentro y fuera de nuestra comunidad.
Uno de los problemas que ha llevado a la situación actual es el alto grado de discrecionalidad en la concesión de ayudas que se evidencia con las grandes fluctuaciones en las inversiones por países, la falta de continuidad de algunas acciones y la aparición y desaparición algunas de las ONGD más financiadas anualmente. Discrecionalidad que queda disimulada por el hecho de que organizaciones serias y honestas también han recibido subvenciones de la Generalitat, lo que señalo por la facilidad de enmascarar la realidad a que nos tiene acostumbrados la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, aportando mediáticamente cifras parciales e interesadas que no reflejan el conjunto de la gestión realizada.
La segunda debilidad es la ausencia de una planificación real de la Cooperación Valenciana. A nadie, que sepa un poco de esto, se le escapa que los diferentes documentos de planificación no son sino documentos generalistas donde todo cabe y donde apenas se diseñan y plantean estrategias estables y de continuidad. De nuevo más imagen que contenidos.
En tercer lugar, la ausencia de un marco legal adecuado y la progresiva desregulación de los mecanismos de concesión de ayudas. Empezando por la Ley Valenciana de Cooperación al Desarrollo que, de forma indirecta, permite a empresas privadas gestionar fondos de cooperación, y que no establece, contrariamente a otras leyes autonómicas de cooperación, ningún sistema de control parlamentario sobre el programa de cooperación internacional para el desarrollo. Dentro de este bloque normativo, estarían el Decreto de Bases para la Concesión de Ayudas y las distintas órdenes de convocatorias anuales para la concesión de subvenciones. En ambos casos la política aplicada por la Conselleria ha sido la de eliminar paulatinamente los requisitos de acceso a las líneas de subvenciones, reduciendo el grado de exigencia a mínimos que posibilitan que entidades de reciente creación, sin ninguna experiencia en materia de cooperación y sin apenas capacidad técnica y organizativa puedan acceder a subvenciones de miles incluso millones de euros.
Por último, y para garantizar la cuadratura del círculo, o sea, la relativa apariencia de legalidad y de objetividad, se recurre a la contratación externa de un servicio fundamental en el proceso de concesión de subvenciones como es la evaluación previa de los proyectos presentados a las diferentes convocatorias. Empresas sin ninguna experiencia en el sector, y que en cambio, sí disponían de experiencia previa de trabajo en otras competencias anteriores del actual Conseller, han conseguido hacerse con la gestión de tales funciones. En definitiva, un fórmula de aparente independencia que permite incrementar el grado de discrecionalidad en la concesión de las ayudas.
A este marco de actuación, prácticamente desregularizado e imprevisible, se une un quinto elemento determinante en el progresivo desmantelamiento de la cooperación valenciana comprometida y eficaz: la trivialización de los espacios formales y operativos de participación. La ineficacia y el escaso papel del Consejo de Cooperación, la conversión en meros trámites de sus reuniones y las de las comisiones de trabajo creadas, contribuyen a esa apariencia de participación y debate público que en la práctica la Conselleria nunca ha asumido.
La inseguridad que todo ello crea, donde el que se mueva corre el riesgo de quedarse sin fondos, resulta enormemente eficaz para los objetivos de la Conselleria: silenciar las críticas y generar un clima que limita enormemente cualquier posibilidad de un debate sincero y comprometido. En este sentido, también resulta cuestionable el papel de las universidades valencianas en relación a su aporte al estudio y mejora de las políticas públicas de cooperación. Sería positivo que desde el ámbito universitario se realizara una profunda y seria reflexión sobre su papel en relación al estudio de la gestión y las prácticas de la cooperación valenciana, el cual es fundamental para la mejora de la calidad de la cooperación para el desarrollo.
Desde luego que el momento actual, con las graves acusaciones planteadas y las investigaciones iniciadas por la fiscalía, refleja hasta dónde se puede llegar. Por eso, resulta necesaria una reforma que dote a la cooperación valenciana de instrumentos efectivos que promuevan una cooperación transparente y de calidad, y que responda con absolutas garantías a lo que la ciudadanía espera del manejo de fondos públicos.
Tres propuestas para la mejora de la calidad y la transparencia de la cooperación valenciana
Una primera necesidad es la reforma y mejora del marco normativo. La ley Valenciana de Cooperación para el desarrollo debe modificarse, al menos, en dos puntos fundamentales. El primero, la exclusión directa e indirectamente de la empresa privada como receptora de fondos de cooperación. Las empresas deben y pueden contribuir a la cooperación internacional para el desarrollo, pero en todo caso nunca como gestores de fondos, sino con su aporte de conocimiento y recursos bajo unos criterios claros de exclusión del ánimo de lucro y la obtención de ventajas comerciales. El segundo es la inclusión de les Corts y del debate parlamentario como parte consustancial de la cooperación valenciana (como ya lo es en la mayoría de leyes autonómicas de cooperación). Por su parte las bases de convocatoria y el decreto de bases para la concesión de ayudas en materia de cooperación deben mejorarse e incluir unos criterios razonables de experiencia y capacidad para la obtención de subvenciones y para el acceso a las distintas convocatorias públicas, así como incluir los requisitos y criterios básicos que deben reunir los proyectos presentados a las diferentes líneas de subvención.
La segunda necesidad pasa por establecer unos mecanismos tranparentes para la externalización de servicios y la contratación de personal y empresas externas a la Generalitat. En este sentido es fundamental que la contratación de las empresas responsables de las evaluaciones previas de los proyectos, así como de las evaluaciones finales o de impacto se realice tras el estudio y selección por una comisión dependiente del Consejo de Cooperación.
Por último, debería constituirse un organismo dependiente del Consejo de Cooperación, y sin mayoría de la administración, cuyas funciones sean las de dar seguimiento y evaluar el impacto de las políticas y acciones de las Cooperación Valenciana. Este organismo promovería los procesos de evaluación tanto en el nivel estratégico (planes y estrategias de cooperación) como en el operativo (programas, proyectos, y microproyectos), con absoluta independencia y objetividad y con completa transparencia y publicidad de los resultados de dichas evaluaciones.
Las propuestas planteadas no pretenden ser más que aportes a un debate que puede y debe ser mucho más amplio y enriquecedor, y que debe implicar conjuntamente a organizaciones no gubernamentales, universidades, sindicatos y administración. Es el momento de plantearse seria y colectivamente una reforma que garantice una cooperación para el desarrollo de calidad, acorde con los objetivos de desarrollo de los países empobrecidos y con las suficientes exigencias de transparencia en su gestión que impidan que acontecimientos como los que estamos viendo en estos días puedan volver a repetirse.
