La portavoz del Consell atribuyó ayer el apagón de TV3 en la Comunitat Valenciana al hecho de que sus emisiones «no se ajustaban a la legalidad vigente». Estaba en lo cierto. También negó la consellera que la clausura de los repetidores obedezca a un acto de censura. Y en este caso tampoco faltaba a la verdad. No cabe duda de que la oferta televisiva catalana podía sintonizarse en las comarcas valencianas gracias a una red de repetidores impulsada por Acció Cultural (ACPV) que transgredía la ley de canales autonómicos. De igual modo, hablar de censura cuando la programación supuestamente prohibida persiste —Camps no decide los contenidos de TV3— y cuando la tecnología permite hoy superar cualquier traba administrativa parece exagerado. Y, por último, no podemos olvidar que el Gobierno central no ha facilitado el múltiplex que hubiera facilitado su mantenimiento. Sin embargo, el éter valenciano está plagado de otros piratas radiofónicos y televisivos que ni siquiera han sido regañados por el Consell. Levante-EMV lleva años haciéndose eco de las dificultades que tienen las empresas legalmente establecidas para hacerse oír en semejante selva de interferencias, así como de la nula atención que presta el Consell a sus denuncias y del aún más escaso dinero que invierte en regular el espacio radioeléctrico. Así las cosas, restablecer la legalidad forzando a ACPV a desconectar los reemisores es una medida administrativa, pero como quiera que es graciable y contiene una gran carga política, retrata a quien la aplica.
