La decisión de Correos de no repartir la correspondencia de los juzgados de la Comunitat Valenciana —antes ya lo hizo con la Conselleria de Economía o con la propia Presidencia de la Generalitat, entre otros— ha sido el último ejemplo de los problemas de la Generalitat para hacer frente a pagos incluso por los servicios más básicos. El riesgo de que el sistema judicial valenciano quedara colapsado ha forzado finalmente una solución de emergencia que, sin embargo, no se habilita para otros acreedores sin la capacidad de presión de esta empresa pública dependiente de Fomento. En la propia Administración de Justicia son habituales las quejas de los trabajadores de falta de material, como papel o cartuchos de tinta para las impresoras. Pero esas carencias se extienden a muchas otras instancias autonómicas: por ejemplo, la deuda sanitaria con los proveedores es una de las más elevadas de España y se prolonga en el tiempo desde hace años.
Y los problemas crecen como una bola de nieve mientras el máximo responsable de las finanzas autonómicas, Gerardo Camps, asegura que la Generalitat ni se plantea renegociar a la baja el canon por la Fórmula 1, cuando muchos de los de los países organizadores de los premios —incluida Cataluña— ya lo han hecho. O mientras se conoce que se abonaron a Calatrava honorarios desorbitados por proyectos que no han visto la luz y a pesar de que incumplían los requisitos de la adjudicación. Enric Morera erró ayer al bromear que los únicos proveedores que cobran del Consell son amigos de F. Camps. Ya casi no cobran en tiempo y forma ni los amigos.
