El 27 de julio de 2006, la práctica totalidad de grupos parlamentarios aprobó en el Congreso la creación de una comisión interministerial para establecer los criterios que deberá cumplir el emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y su centro tecnológico asociado. El vigente Plan General de Residuos Radiactivos contempla para el almacenamiento de estos residuos una solución centralizada, atendiendo a consideraciones estratégicas, técnicas, económicas y de seguridad. El proyecto consiste en la instalación de dicho almacén durante un período de 60 años, del combustible gastado y residuos vitrificados de alta actividad, y un centro tecnológico que facilitará las actividades necesarias para el asentamiento de empresas.

La presentación de las candidaturas, su proceso de selección y el impacto mediático que han producido los pueblos designados y comunidades afectadas, entre ellos Zarra y la Comunitat Valenciana, ha provocado situaciones kafkianas y una gran dosis de cinismo y demagogia política generando la ceremonia de la confusión. De un lado, los partidos políticos aprueban en Madrid una resolución, cargada de sensatez, para la construcción de un ATC por dos motivos fundamentales: el primero, porque cada país ha de asumir la gestión de los residuos nucleares que genera y España, nos guste o no nos guste, tiene centrales nucleares que lo hacen, y el segundo, porque nuestro país ha pagado más de 200 millones de euros desde 1994 a 2009 al ATC del Grupo Areva de Normandía (Francia) por la custodia de nuestros residuos RAA, y desde 2010 hasta la construcción y funcionamiento de nuestro propio ATC pagaremos la cantidad de 65.000 euros ¡diarios! Por otro lado, los mismos partidos, en su ámbito territorial, se han declarado contrarios a la instalación de dicho ATC en su comunidad, bloqueando todo tipo de consenso, esencial, en este tipo de construcciones.

La sociedad pública Enresa, que tiene la responsabilidad de la recogida, transporte, tratamiento y control de los residuos radiactivos generados en España, considera que el ATC es imprescindible porque las piscinas de las centrales nucleares están saturadas y es necesario sacar el combustible para el desmantelamiento de las centrales nucleares que hayan terminado su vida útil. Por su parte, desde que se creó el Consejo de Seguridad Nuclear, su funcionamiento excesivamente protocolarizado y opaco ha sido incapaz de generar confianza en la población ante cualquier incidente nuclear, propio o ajeno. Harrisburg, Chernóbil y Fukushima son exponentes del peligro nuclear y de su ingobernabilidad ante un accidente grave.

Ambas empresas no se han destacado por la transparencia, precisamente, de su gestión, lo que ha coadyuvado al rechazo social de toda instalación nuclear por buena parte de la población. Ambas instituciones públicas deben abrirse a la sociedad incluyendo a profesionales independientes, que los hay de mucho prestigio, de organizaciones medioambientales estatales y de la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos en primer lugar para implicar al ecologismo científico en la gestión de los residuos de baja y media intensidad ubicados en El Cabril (Córdoba) y de alta intensidad en el futuro ATC, ya sea en Zarra u otra localidad; y, en segundo lugar, la participación del usuario y consumidor, que es tan titular de las centrales nucleares como sus empresas, en el sentido de que la han pagado religiosamente en su factura del recibo de la luz durante largos años y tiene mucho que aportar al respecto.