En las últimas dos semanas, al menos quince denunciantes de presuntos casos de menores «robados» han comparecido ante la Fiscalía de Valencia, a la que han solicitado la exhumación de varios féretros para comprobar la identidad o incluso la presencia misma de los restos de los menores supuestamente fallecidos. Las denuncias se fundamentan en una serie de indicios que incluirían falsificación de documentos públicos. El último caso conocido en Valencia ha sido la confesión de un matrimonio de Ontinyent que «compró» a su hijo en la Clínica del Consuelo.

Lo que empezó como una indagación tangencial para comprobar si en España había ocurrido algo similar a lo acontecido durante la dictadura militar argentina, ha terminado por alcanzar unas proporciones que el propio ministro de Justicia se atrevió a cifrar en decenas de miles de casos en todo el país. Pero la predisposición que el Gobierno mostró para intentar aclarar estos casos parece chocar con las reticencias del propio aparato judicial: los jueces del Registro Civil de Valencia ya han advertido que no investigarán por considerar que los delitos que se hubiesen podido cometer ya han prescrito.

Sin embargo, la judicial es la única salida que parece quedar a los afectados para esclarecer lo que pudo ocurrir desde el tardofranquismo hasta bien entrada la democracia. Y el esclarecimiento de este aparente tráfico de personas es necesario no solo como acto de justicia con los afectados, sino también para evitar que se pueda llegar a poner en cuestión todo el actual sistema de adopciones.