Apenas dos meses después de las elecciones, en las que el PPCV revalidó la mayoría absoluta, y a mes y medio del nombramiento del Consell —ese Consell que iba a trabajar contra la crisis y con las políticas de austeridad como meta—, la situación de incertidumbre y de parálisis continúa centrando la vida política y económica de la Comunitat Valenciana. La dimisión del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, atrapado en la red Gürtel y abocado a acudir a un juicio abierto tras el contundente auto del juez Flors, ha
inaugurado otra etapa en el Consell al situar a
Alberto Fabra como presidente, pero al mismo tiempo ha estrenado una nueva inquietud en la administración, que posiblemente se prolongue hasta pasadas las elecciones generales. La conclusión que se deriva es la de una administración —entre cargos políticos y técnicos— que ya ha asumido su carácter provisional, con la carga lacerante que ese estigma supone para la gestión pública. De los cambios de Camps al adelgazar la administración y unificar algunos servicios, cuyo encaje está siendo difícil, hemos pasado a las dudas sobre la continuidad de las áreas más sólidas en la gestión de los servicios y de la posible prórroga, o no, de sus responsables políticos. Dos años bajo el vórtice del caso Gürtel, que ha marcado la agenda política, y algunos meses más con la mudanza actual marcan el signo de una administración que ha de tener otras prioridades: la lucha contra la crisis económica.
