Más allá de consideraciones ideológicas sobre el modelo de televisión pública que hay que implantar en comunidades autónomas como la valenciana, a estas alturas nadie duda de que el actual necesita una urgente revisión a fondo. Sólo así se puede plantear su viabilidad. Los 1.241 millones de deuda acumulada por RTVV y sus sociedades y el ridículo 4,2% de audiencia del mes de julio son dos cifras que encienden todas las alarmas. El Consell tiene ya sobre la mesa un plan, fruto del informe de auditorio de la consultora Price Waterhouse, que prevé una reestructuración jurídica y empresarial del grupo. En su cara más dura, el estudio contempla el despido de un millar de los 1.800 trabajadores que actualmente prestan servicio en el ente público, la televisión y la radio autonómica. El nuevo presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, recogió en el discurso de investidura el espíritu de su predecesor, quien ya dejó caer en repetidas ocasiones la necesidad de revisar el canal autonómico tras los cambios en el mercado del audiovisual, la irrupción de las TDT y la necesidad de meter la tijera en toda la administración en momentos de recesión económica. La Sindicatura de Comptes también alertó sobre la insostenibilidad del actual modelo televisivo y deslizó una velada crítica a la descompensación entre ingresos y gastos. En todo caso, no estaría de más preguntarse cómo es posible que se haya llevado a RTVV a una situación técnica y económicamente terminal.