Poco más de dos meses después de haber dimitido por su implicación en un presunto caso de cohecho pasivo impropio —cuyo trámite da los últimos pasos antes de la celebración del juicio con jurado—, el expresidente de la Generalitat Francisco Camps aceptó otro regalo de un contratista de la administración autonómica. Viajó al gran premio de motociclismo de Japón con los gastos pagados a cuenta de la escudería Team Aspar, que recibe una subvención anual de la Conselleria de Turismo de 375.000 euros. Y además, su propietario, el expiloto Jorge Martínez, Aspar, es uno de los tres grandes accionistas de Valmor, la empresa que organiza el gran premio de Fórmula 1 y que ha tenido que ser rescatada por la Generalitat porque no podía afrontar los gastos derivados de esa cita deportiva.
La condición de expresidente, diputado y miembro del Consell Jurídic Consultiu lo mantiene sometido a un estricto régimen de incompatibilidades aunque no ocupe hoy ningún cargo ejecutivo. Y por más que no fuera constitutivo de delito, no deja de ser cuestionable, cuando menos éticamente, que quien ha favorecido a una empresa durante su mandato sea agasajado ahora por ésta. La connivencia entre políticos y empresarios, que tan nefastos efectos ha tenido sobre la calidad democrática autonómica, ha llegado en la Comunitat Valenciana hasta el punto de que ni siquiera presenta coste electoral. Y quien no cesa de proclamar insistentemente su inocencia debería ser más cauteloso con su comportamiento y no revestir de privacidad y relación amistosa un regalo análogo al que le sentará en el banquillo a no mucho tardar.
