04 de noviembre de 2011
04.11.2011

Dependencia, empleo, política y discapacidad

04.11.2011 | 06:30

Juan G.ª Sentandreu

La dependencia y la discapacidad son sectores que están sufriendo la crisis de manera especial, ya que la Administración dejó hace años de cumplir con la misión de integrar laboralmente a los discapacitados, siendo los afectados por la discapacidad los verdaderos dinamizadores del empleo social. La Administración sólo tenía que pagar las ayudas provenientes de fondos europeos y nacionales, y poco más. Y ahora que los recursos económicos son escasos, el discurso de que no existen recortes en temas sociales, por mucho que se repita, no deja de sonar a música celestial cuando los centros no pueden atender, con la calidad que se merecen las personas con discapacidad, porque la Administración no paga.
Hubo un tiempo en que los centros de empleo crearon miles de puestos para personas con discapacidades intelectuales a las que el mercado ordinario históricamente les tenía y tiene vetado el acceso. La ley de 1982 de integración en la empresa ordinaria del 2 % de personas afectadas por alguna minusvalía ha sido una tomadura de pelo político. Casi nadie cumple la ley y nadie exige su cumplimiento. Y los centros de empleo, que inicialmente sirvieron para dar cabida y empleo a las personas que tenían vetado el mercado laboral, cada día que pasa se van convirtiendo más en empresas ordinarias alejadas de su objetivo primigenio y, en muchos casos, en manifiesto fraude de ley como apéndices de grandes empresas multinacionales que, con el objetivo de no cumplir la exigida cuota de integración, promueven esta figura jurídica para acceder a la subvención y cubrir el expediente.
¿Y qué hace la Administración ante ello? Nada. Ni exige la cuota de reserva del 2 % a la empresa ordinaria ni impide que ésta burle sus obligaciones con la creación de centros de empleo especial para conseguir subvenciones y contratar, mayoritariamente, a personas con discapacidad física que tienen una dificultad mucho menor de integrarse en el mercado ordinario. A esto se ha unido una exigencia de «rentabilidad económica» por parte de la Administración que lo prefiere a la rentabilidad social que es la que inspiró la ley del 82. Y con este argumento, lo único que han conseguido es que los centros de empleo de personas con discapacidad psíquica desaparezcan y proliferen los de personas con discapacidades físicas, cuyo rendimiento laboral es notablemente mayor.
Resultado: la pérdida del empleo social más vulnerable. Ya no hay sitio para la discapacidad psíquica en el empleo social y han condenado a este colectivo a la vuelta al centro ocupacional, al centro de día o, simplemente, a casa. Aquí, quien reparte las ayudas a los centros es el Servef bajo ese criterio de la rentabilidad económica por encima de la rentabilidad social. Y de él depende la Inspección de Trabajo, que poco o nada se acuerda de exigir la cuota social. Y ahí están y proliferan los centros especiales dependientes de grandes empresas que pueden asumir los retrasos de las subvenciones que van directamente a sus cuentas de resultados. Ninguno de estos centros llamará a la Administración para quejarse de los impagos y de su imposibilidad de llegar a final de mes.¿Y qué hacen los sindicatos ante esta situación? Cursos. Muchos cursos, subvencionados por el Servef.

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