Son muchas las necesidades que tiene la justicia. La mayoría de ellas se han generado por un déficit histórico de medios que no ha sido corregido, y algunas de estas deficiencias provocan la imposibilidad de dar la respuesta que los ciudadanos exigen. En estos momentos, puede parecer inapropiado reclamar que esas necesidades se cubran porque sufrimos una complicada situación económica. Sin embargo, es importante que reflexionemos sobre la necesidad de que a la justicia se le dote de una inversión responsable. Ese debe ser un objetivo prioritario, para el que será imprescindible un pacto de Estado, un compromiso de todas las fuerzas políticas para que la justicia disponga de una aplicación presupuestaria adecuada a su importancia como uno de los servicios más significativos de nuestra sociedad, ese que hace frente a la defensa de los derechos, ese que puede hacer que las empresas tarden menos tiempo en superar un concurso de acreedores, que un trabajador sepa cuál es su indemnización por despido, que una mercantil cobre de sus acreedores o que la compensación por una negligencia médica llegue a tiempo.
Hay que decir claramente que dedicar presupuesto a la justicia no es un gasto. Es una inversión directa, una política social. Sabemos que no podemos aspirar a que la situación cambie radicalmente en un tiempo breve. Pero sí debemos trabajar para que la crisis deje de ser un argumento recurrente y podamos dotarnos los juzgados y tribunales de herramientas que les son absolutamente inaplazables. Invertir en justicia es, también, aprovechar sinergias, modificar la organización, rentabilizar aún más el talento, flexibilizar procesos de trabajo. No es sólo cuestión de dinero. Uno de los ejemplos más elocuentes es la oficina de presentaciones del juzgado de guardia de Valencia, una apuesta de colaboración entre el decanato y la Jefatura Superior de policía. Ha bastado que las bases de datos policiales estén a disposición de los jueces para lograr un objetivo ansiado: que las personas que tienen obligación de presentarse en un juzgado puedan ser localizadas inmediatamente si no lo hacen y, por tanto, actuar sobre ellas, evitando así lamentables errores. En menos de un año, esa oficina ha logrado que más de cuatrocientas personas que no cumplían con su obligación con los tribunales, estén ahora localizadas. Es uno de los sistemas que mayores garantías de seguridad puede ofrecer a la sociedad, y no cuesta dinero.
Desde el Consejo General del Poder Judicial hemos intentado compensar con la figura del juez de adscripción territorial (JAT) la necesidad de juzgados que finalmente no se han creado. Cuesta dinero, sí. Pero, sin duda, mucho menos que una oficina judicial completa. Los JAT, de los que hay cinco en la Comunidad Valenciana, han resultado una decisión eficaz. Son jueces titulares, dispuestos a moverse por su territorio, que permanecen al menos cuatro meses en el destino al que se les envía –un tiempo en el que se pueden mejorar de manera importante las situaciones de algunas oficinas judiciales–, y que hacen frente a los destinos más complejos. Convendría que el nuevo Ministerio de Justicia estudiara la conveniencia de aumentar las plazas de JAT para extender esta fórmula de ayuda a los juzgados más castigados. Y el coste, insisto, es mínimo. La rentabilidad, en cambio, notable. Por otro lado, hay que avanzar en la búsqueda de nuevas fórmulas para acortar los procedimientos y mejorar los tiempos de respuesta, en línea con la reciente Ley de Medidas de Agilización Procesal. Ello permitiría, de alguna manera, que se desbloquearan más rápidamente las cuentas de consignaciones judiciales, lo que provocaría que los tiempos entre las entradas y salidas de dinero se redujeran, lo que implicaría una mayor inyección de capital en el circuito económico en espacios más cortos.
Como complemento a lo anterior se deben potenciar medios alternativos a la resolución judicial de los conflictos, tales como la mediación y el arbitraje, por lo que resulta de suma importancia la aprobación de una Ley de Mediación. Sin olvidar, la inaplazable necesidad de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que asegure las garantías y derechos de las personas que se vean inmersas en un proceso penal. Y no cuesta dinero. Y, por supuesto, se debería impulsar la Ley de Tribunales de Instancia (nueva forma de organización del trabajo de los jueces, cuya principal virtud es que posibilita aumentar las plazas judiciales sin necesidad de que le acompañen funcionarios), con el consiguiente ahorro económico y la reducción de la justicia interina. Tenemos más espacios que merecen actuación coordinada, decidida. Uno de ellos es la prestación del derecho de los ciudadanos a la justicia gratuita en España, que podría arbitrarse en términos de cogestión. ¿Cómo? Podría valorarse definitivamente la creación de una Agencia estatal dependiente de la Administración central que implique una prestación uniforme para una mejor racionalización del gasto. A esa racionalización, ayudaría la despenalización de algunas faltas y de determinados asuntos civiles de escasa cuantía. Son asuntos que ponen diariamente en duda la compensación de poner en marcha toda la maquinaria judicial. No sólo suponen una carga importante para los juzgados sino que la respuesta judicial no responde de la forma más adecuada al conflicto que se plantea, más propio de medios alternativos.
Por último, la justicia necesita flexibilizar su estructura, por lo que debemos buscar otras alternativas de optimización de recursos. Los servicios comunes son una buena alternativa. ¿En qué consisten? Básicamente, en organizar. Sin duda, en los partidos pequeños, aquellos con importante carga de trabajo, sería más operativo trascender la estructura inamovible del juzgado y apostar por servicios comunes que sirvan a todas las oficinas judiciales. Además, debemos superar la idea de partido judicial como fundamento básico de la estructura judicial española pues, gracias a los avances tecnológicos, podemos agrupar a los jueces en grandes sedes o especializar partidos judiciales que son geográficamente próximos para racionalizar la carga de trabajo y mejorar la respuesta al ciudadano.
¿De qué depende que algunas de estas propuestas se extiendan? De poner verdaderamente a la justicia como una prioridad. Si lo es, éstas y otras muchas posibilidades se convertirían en realidad. Y no todo es cuestión de dinero.
