No es que me esté postulando para llevar la defensa del duque de Palma ante su más que probable e inminente imputación pero sí que es una idea que ofrezco al que pueda ser su letrado en la causa. Urdangarín se ha llevado la pasta por «ser vos quién sois» paseando su palmito regio y el de su señora por las docenas de eventos públicos organizados por diferentes administraciones que le pagaban esta especie de comisión para el lucimiento del político de turno. La pregunta, pues, es sencilla: ¿Quién le ha dado a Urdangarín el dinero que cobraba por fotografiarse con unos y otros? ¿Quién pactaba y firmaba con Urdangarín la adjudicación de contratos reales o ficticios que le iban a reportar al duque millones de euros?

Estamos acostumbrados a ver esposados y entre rejas a los que se llevan el dinero de las arcas del estado y de las administraciones públicas pero no de aquellos políticos que se lo dan o lo permiten. Resulta chocante que Correa, el jefe de la trama Gürtel, esté ya años en prisión y acuda de Juzgado en Juzgado con grilletes mientras que los políticos que le adjudicaron los contratos por los que cobró millones de euros, ninguno de ellos, haya entrado en la cárcel. Las tan loadas palabras del Rey en el discurso de Navidad de que la justicia es igual para todos no son verdad. Lamentablemente no son verdad. Porque, como decía Orwell, todos somos iguales pero unos más que otros. Y en este país, nuestra clase política es, sin duda, menos igual que la ciudadanía que carece del estatuto de inmunidad e impunidad de los dirigentes y que les permite escapar de la acción y contundencia de la justicia.

Resulta especialmente chocante el papel de los medios de comunicación que nos dan titulares espectaculares poniendo el nombre de Urdangarin, Correa o Álvaro Pérez el Bigotes y dejando para el fondo de la noticia o fuera de ella a aquel que por su poder y autoridad política permite que el duque de Palma o los Gürtel se lleven el dinero de las arcas del Estado o de las autonomías y ayuntamientos para construirse palacetes o colgar cuadros de Miró y Picasso en sus cuartos de baño. Mientras no se sienten en el mismo banquillo las dos partes implicadas: los firmantes de los contratos públicos, el político y la empresa adjudicataria, el que da y el que recibe, la justicia no será igual para todos por mucho que lo diga el Rey con el aplauso general.