En este año que comienza, el nuevo gobierno popular nos ha ofrecido, como justificante de las drásticas medidas de ajuste económico aprobadas, una definición de la situación económica y social española, que es bien diferente de la que estuvo realizando el gobierno socialista en los pasados siete largos años de su mandato. De una definición de la situación social y económica en términos altamente positivos en la primera década del siglo XXI, con unas consecuencias al principio aparentemente beneficiosas impulsadas por un dinero fácil y barato que, a su vez estimuló el desafortunado crecimiento de la burbuja inmobiliaria en un contexto de euforia institucional y ciudadana —que condujo entre otras cosas al olvido de los más elementales principios de ajuste entre gastos e ingresos— se ha pasado a una definición de la situación actual regida por el principio de que no se puede gastar bajo ningún concepto lo que no se produce y ahorra.
Como consecuencia de todo ello, las duras medidas propuestas por el gobierno popular —tanto en el ámbito autonómico valenciano como en el estatal— así como las todavía más duras e impopulares que tendrá que seguir aprobando en los próximos meses si se quiere rebajar el déficit público a los estrictos niveles propuestos por la UE para salvar el euro, necesitan urgentemente la colaboración y aprobación de una amplia mayoría de los ciudadanos basada en aceptar, por su aplastante evidencia, la nueva definición de la situación que viene realizando el gobierno popular. Una situación que ha comenzado ya a exigir amplios sacrificios tanto a las clases medias como a las más modestas, así como a muchos de los pequeños y medianos empresarios abocados a nuevos recortes e incluso a una amenazante desaparición.
La oposición política, especialmente la socialista hasta hace poco en el poder, podrá también cooperar haciendo una labor crítica y constructiva, o bien podrá caer en una fácil demagogia que no haría otra cosa que hacer más difícil todavía el necesario ajuste y la deseada recuperación. En este contexto, resulta totalmente imprescindible que patronal y sindicatos, con un nuevo marco legal, dialoguen remando en la misma dirección buscando siempre acuerdos alineados con los objetivos de ajuste económico y recuperación productiva deseados.
Los ataques, demagógicos, a los ricos y las ruidosas manifestaciones callejeras de los ciudadanos que exteriorizan una indignación que sentimos muchos otros ciudadanos ante la bajeza y ruindad moral de algunos políticos y directivos financieros-empresariales, puede que proporcionen una satisfacción momentánea a los manifestantes. Pero poco más, ya que con todo ello no se ataca a una situación económica y social de origen cada vez más compleja en su extensa globalidad.
Por ello, y ante la urgente necesidad de realizar una definición realista de la actual situación que coincida con las esperables y positivas consecuencias de las medidas adoptadas, bueno será que se vayan estimulando comportamientos y actitudes que favorezcan la cultura del trabajo y del mérito, que se prepare con mayor eficacia y realismo a las nuevas generaciones para una vida profesional inestable necesitada de una continua innovación y ajuste, que se proteja a los asalariados pero no los empleos improductivos mediante una fórmula de flexiseguridad que viene exigida por una economía abierta a la competencia en un mundo globalizado. Estas y muchas otras medidas tendrán que ser aprobadas e impulsadas por creíbles y bien consensuadas mayorías parlamentarias, que permitan iniciar ese rearme moral y ético del que está más necesitada que nunca nuestra sociedad, y sin el cual toda recuperación económica será inalcanzable.
Catedrático de Sociología. Universitat de València
