El Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) cuenta con una plantilla de 1.650 funcionarios, un presupuesto de 454 millones de euros para este año y una red de 56 oficinas repartidas por toda la Comunitat Valenciana. Con todos esos medios, sin embargo, alcanza a intermediar en tan sólo un 2 % de las contrataciones. Y tal y como desvela hoy este diario, recurre a contratas externas para funciones que en teoría debería desarrollar por sus propios medios. La última adjudicación —por más de 372.000 euros— ha sido con una pequeña consultora, sin plantilla propia, que se encargará de algo tan a su vez etéreo como el seguimiento y evaluación de las iniciativas de formación continua: es decir, controlar los fondos que se conceden para la organización de cursos por parte de terceras empresas u organizaciones. En esa misma línea de externalizar servicios, el organismo gastó, por ejemplo, durante el año pasado, 3,6 millones de euros en programas informáticos.
Resulta cuando menos chocante que con esos medios disponibles, y precisamente cuando la Administración autonómica se plantea un recorte de plantillas, se subcontraten tareas como la mencionada. Los planes de ajuste deben pasar también por una rentabilización de los medios —humanos y materiales— disponibles. Una tarea que corresponde a unas autoridades que no pueden eludir su responsabilidad en lo que constituye un ejemplo de desaprovechamiento y, por tanto, de derroche de los recursos públicos.
