El Gobierno lanzó ayer un salvavidas a las maltrechas finanzas de las comunidades autónomas y en especial a la Comunitat Valenciana, que es la que presenta una situación de mayor riesgo de impagos por su falta de liquidez y problemas de financiación. En realidad, se puede hablar de un plan de rescate encubierto, y el propio conseller de Economía de la Generalitat, José Manuel Vela, hablaba anoche de un «punto de inflexión clarísimo». Los representantes valencianos eran quienes acudían a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera más acuciados por la necesidad y encabezaban las reclamaciones al Gobierno central para habilitar soluciones de forma urgente. Pocas horas antes, el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ya había enviado un mensaje tranquilizador al asegurar que no permitirá caer a ninguna comunidad autónoma.
Ahora bien, el plan aprobado ayer en Madrid no satisface plenamente las pretensiones de la Generalitat. La habilitación de los créditos ICO para conseguir liquidez no se vio acompañada por la emisión de los denominados «hispanobonos», la otra gran pata de las reclamaciones del Gobierno que preside Alberto Fabra. Y a cambio de la inyección de fondos, las comunidades que recurran al ICO se verán obligadas a presentar un plan de ajuste y serán sometidas a un riguroso control por parte del Estado que puede llegar incluso a la intervención temporal. Mucho tendrá que esforzarse a partir de ahora el Consell para enmendar el rumbo, aunque la apertura de líneas de crédito deberá servir para aliviar la angustiosa situación de miles de proveedores y reactivar la actividad económica.
