Aunque muchos ciudadanos de esta autonomía tenemos la convicción moral de que hemos convivido con un exceso de responsables públicos moviéndose en la difusa zona que va de la insolvencia para gestionar situaciones críticas a la corrupción, cuya profundidad desconocemos, es necesario insistir en que estamos ante una gran emergencia europea, española, pero con condicionantes estrictamente valencianos (Fabra en Castellón, Emarsa en Valencia, Ripoll en Alicante…). Desgraciadamente, mas allá de toda indignación, hay medidas más urgentes y prioritarias que la petición de responsabilidades penales para insolventes y corruptos. Mientras la Justicia hace su trabajo, por penosa que sea su eficiencia, a la clase de tropa ciudadana nos corresponde conocer la dimensión de la actual quiebra de la Generalitat Valenciana (GV) y a partir de ello tratar de minimizar sus inevitables consecuencias.

Temas tan explotados por algunos medios de comunicación, precisamente cuando las cosas están tan oscuras, como han sido: la virtualidad económica de los grandes eventos, las responsabilidades y causas del mal modelo de financiación autonómica para la GV, la autoestima de la región en que vivimos, etcétera, son cuestiones que, sin ser despreciables, son ineficientes para enfrentar la dura realidad que ya vivimos. Son muchos los ciudadanos cuyos ingresos, directa o indirectamente, dependen de una GV quebrada y que ya viven, o van a vivir en breve, la no recepción de sus salarios o que sus emolumentos van a ser recortados. Hay miedo al futuro y enfrentarlo exige dimensionar el problema, usar una semántica adecuada en su planteamiento, diagnosticarlo y asumirlo con inteligencia.

Todo lector sabe que la deuda es la suma de los déficits generados a lo largo del tiempo y que ésta, o se negocia con los bancos, para ser saldada a lo largo del tiempo, a cambio de intereses debidamente pactados, o bien queda soportada por los acreedores que esperan que serán pagados en un tiempo no excesivamente largo o acabarán recurriendo a los tribunales, camino de una suspensión de pagos, una opción que en el caso de la Administración Pública difiere de lo que suele ocurrir con un particular (empresa o individuo) ¿Qué puede hace el Consell de Alberto Fabra con 420 millones para proveedores cuando la GV les debe 2.500? Hay que desearle la mayor eficiencia en su reparto, pero no lo tiene fácil, pues hasta ahora ha sido incapaz de describir la verdadera situación de los recursos con los que realmente contaba la GV.

Para tratar de ayudar a dimensionar el tema, propongo que asimilen la situación a una familia, la pasada nochevieja, que habiendo planificado 2012 (los presupuestos de la GV), no tiene cerrado todo lo acaecido en el 2011, aunque sí hay algo más que suposiciones sobre lo que realmente ha pasado (informaciones de expertos en contabilidad autonómica) en el año recién terminado y que la referencia ya aceptada por todos es el balance de 2010 (informe de la Sindicatura, conocido hace menos de un mes). Tomemos como unidad los ingresos de los Presupuestos de la GV para el presupuesto de 2012 (excluyendo los ingresos financieros y todas las obligaciones provenientes de empresas, fundaciones y demás entidades que soporta la GV): 12.023 millones de euros; llamémoslo GV2012.

¿Cuánto déficit se asumió por parte de la Conselleria de Hacienda al determinar el montante de GV2012?: el máximo comprometido con Bruselas (1,3% del PIB de la CV). Esta era la hipótesis, allá en octubre, cuando al empezar a hacer previsiones presupuestarias se esperaba que alguien (bonos patrióticos, hispanobonos, préstamos del ICO...) adquiriría la nueva deuda que se generaba. Desgraciadamente fue una suposición no confirmada, por lo que el primer día del año el president Fabra hubo de dar un mensaje que anunciaba recortes que corrigieran este exceso de optimismo acerca del estado en que iban a mostrar las arcas de la GV a lo largo del año.

¿Cuánto déficit se habría generado realmente durante el 2011? Aunque nadie lo sabe con exactitud, expertos hay que lo estiman y dicen que no va a bajar del 4,2% del PIB (habíamos presupuestado hace una año que no iba a pasar del el 1,3% demandado por Bruselas). Cuando se confirme, ¿quiénes serán los acreedores que van a soportar tan formidable cantidad de deuda?

Nos encontramos con una situación bien conocida de quiebra técnica, en la que sólo el Gobierno central, por pura subsistencia del Reino de España, tiene la disposición de intentar ayudar a la GV. Si podrá hacerlo, y hasta qué punto será eficaz su actuación, va a depender en gran medida de la auténtica realidad de las cuentas de la GV, ya que la disponibilidad del ICO es limitada y en Madrid existe una preocupación enorme sobre el real estado de las obligaciones asumidas por la GV en los últimos años. La respuesta a preguntas como ¿cuánto déficit, procedente de años pasados pudo no estar debidamente reconocido?, preocupan muchísimo, ya que saben que la Sindicatura ha dicho con claridad que al cerrar el 2010, la cifra de la deuda con proveedores, universidades y otros entes y administraciones pública no era menor de 4.700 millones, a las que hay que añadir 1.398 millones de Sanidad, contabilizados como deuda pero pendiente de imputarse a presupuesto. Obviamente quedan ingresos pendientes de años anteriores (de 1990 hasta 2009): 1.257 millones de euros pero desgraciadamente la Sindicatura admite que 757 son de dudoso cobro. Así que razonablemente sólo podría contarse con su diferencia, es decir unos 500 millones de euros.

Con todo lo anterior, cuando el montante de CV2012 pasa a ser absolutamente insuficiente, se produce el vencimiento de las deudas que la GV abrió hace ya varios años con distintos entes financieros y que ahora llegan a su vencimiento sin que nadie muestre el menor deseo de renovarlas. CV2012 tenía como misión afrontar los gastos de la GV en 2012 y parece haberse disuelto antes de empezar a utilizarlo.

Seguramente, el estado de las cuentas de la GV no fue razón determinante a la hora de ejercer el voto de muchos ciudadanos: no tener un especial interés por las cuentas de nuestra autonomía es una conducta legítima aunque con lo que va a pasar en esta tierra espero que me perdonen por describir el estado de la caja de la GV. Es legítimo afirmar que todos tenemos el deber de arrimar el hombro y de ejercer la crítica democrática, pero es insuficiente, ya que el objetivo es recuperar capacidades, crear puestos de trabajo casi a cualquier precio. Alguien debería aclarar que ningún ciudadano tendrá capacidad moral para hablar de la corrupción política mientras en su vida particular siga sin dar de alta a la Seguridad Social al trabajador/a que le ayuda en sus trabajos domésticos, o si le parece de recibo generar/ pagar facturas sin IVA y así muchas otros conductas que ahora, nos distancian de una sociedad moderna y solidaria.