23 de enero de 2012
23.01.2012

Recortes presupuestarios y ejemplaridad política

Manuel García Ferrando

23.01.2012 | 06:30

Está fuera de duda que las mayorías absolutas obtenidas por el PP en las últimas elecciones, tanto en el ámbito autonómico como en el estatal, han conferido a los respectivos gobiernos la suficiente legitimidad democrática para llevar a cabo las duras y necesarias medidas de ajuste económico que exige la actual crisis. Porque sin una decidida y drástica reducción del déficit presupuestario, malamente se puede pensar en cortar la sangría de la deuda soberana y, menos todavía, soñar con la creación de empleo y reducción del paro.
Pero no basta con detentar la referida legitimidad democrática para esperar que se acepten, sin más, los anunciados recortes en los ingresos del personal sanitario y de los docentes que integran las correspondientes carreras profesionales en los ámbitos de la sanidad y de la enseñanza públicas. Se trata, evidentemente, de las medidas más a mano que tienen los responsables económicos de los correspondientes gobiernos surgidos de las urnas, habida cuenta de la urgencia que tiene tanto la Comunitat Valenciana como el resto de España de hacer frente al improrrogable pago de la deuda contraída, así como al pago de las obligaciones salariales del sector público.
Cuando políticos de todas las ideologías reclaman, con mayor o menor convicción, la ejemplaridad pública como una exigencia de los tiempos que corren, tan cargados de contraejemplos por corrupción y malversación de fondos públicos, no estaría de más seguir la recomendación de «más ejemplos y menos leyes» que reclama el filósofo Javier Gomá en su bien conocido y celebrado ensayo «Ejemplaridad pública». Siguiendo dicha recomendación, entiendo que nada mejor para dar muestras de esa ejemplaridad que inspire confianza en los trabajadores afectados por los recortes, sería que toda la clase política que configura los diferentes ámbitos de gobierno y los correspondientes diputados y concejales de la oposición, acordara para sí misma y con toda urgencia y claridad una reducción de sus salarios y emolumentos en general, en una cuantía similar a la que se pretende aplicar, entre otros, al personal sanitario y docente de carácter público.
Entiendo que sólo de esta manera, predicando con el ejemplo de unas medidas de reducción de ingresos y de otras prebendas como las facilidades para recibir pensiones con unos reducidos años de servicio público, podría evitar la clase política gobernante, así como la que se encuentra, temporalmente, en la oposición, la esperable e indignada escalada de protestas ciudadanas que, por sí mismas, no harán otra cosa que alargar la agonía de la presente crisis. Situación esta última que sólo se podrá remontar si el conjunto de la sociedad española, encabezada como digo por su clase política, asume una realidad de trabajo duro y reducción temporal de ingresos y gastos, como único y fiable garante para evitar el por ahora inevitable deslizamiento en una sociedad del malestar.

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